Tras más de siete años de larga tramitación, Defensa y el Ayuntamiento han desbloqueado el proyecto que permitirá al Ministerio de Carme Chacón enajenar parcelas a ambos lados del paseo del Metrosidero y venderlas a promotoras para que se levanten unos trescientos pisos en una zona privilegiada de la ciudad. Según ha confirmado el Ayuntamiento, está previsto que la Junta de Gobierno Local apruebe el proyecto de reparcelación a principios de año. En estos momentos, la Concejalía de Urbanismo informa de que el proyecto de reparcelación está "casi ultimado".
Tras la luz verde de la junta de gobierno, el plan se someterá a exposición pública. El Concello no espera que se presente ninguna alegación, por lo que calcula que la aprobación definitiva será en el mínimo plazo exigido.
La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Defensa (GIED), el organismo ministerial encargado de vender las propiedades que han perdido uso militar, había previsto enajenar los solares de A Maestranza ya en 2003. Pero la operación se fue retrasando y todavía no se ha efectuado.
En los últimos tiempos, el proceso se encalló en la tramitación de una alegación de Unión Fenosa por el cambio de ubicación de un transformador. Pero no ha sido el único obstáculo: en 2007 el Concello devolvió al Ministerio de Defensa el documento con el plan para ordenar los inmuebles y le exigió mejoras.
El Ayuntamiento calculaba entonces que, en esta urbanización, se podrían construir unos trescientos pisos, sin indicar cuántos serán de protección oficial, en uno de los contados terrenos al borde de la península con posibilidad de urbanizarse y reportar beneficios millonarios. Ocurrió en el caso de la venta, a través de una subasta, del antiguo cuartel de San Amaro a la inmobiliaria Vallehermoso, gracias al que el Ejército ingresó en el año 2000 un total de diez millones de euros.
Todas estas actuaciones se llevaron a cabo en virtud de un convenio firmado hace más de dos décadas por el Ayuntamiento que regía Francisco Vázquez y el Ministerio de Defensa. Según el acuerdo, el Gobierno central cedió a la Administración municipal coruñesa la propiedad de los cuarteles de Macanaz y A Maestranza, de instalaciones en San Amaro y de espacios libres en punta Herminia y San Pedro.
Como contraprestación, el Ayuntamiento recalificó terrenos militares en Zalaeta, San Amaro, Corralón, la Granja y A Maestranza para que Defensa construyera viviendas en ellos o, en su lugar, obtuviera plusvalías millonarias con su venta. En todas las ocasiones el Estado ha optado por esta segunda opción, como en el caso del desaparecido acuartelamiento de San Amaro. Y es que, según asegura, carece de competencias para construir y vender pisos.
De hecho, Defensa siempre ha mostrado su intención de vender a promotores privados. En cuanto al porcentaje de viviendas destinado a protección oficial, el Ministerio siempre ha justificado que eso tiene que ser definido por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento con el visto bueno de la Xunta. "Defensa seguirá, como es obligatorio, las prescripciones del plan", afirman fuentes ministeriales.
La joya de la corona de todas las posesiones militares en la ciudad es el cuartel de Atocha, del que Defensa se niega a desprenderse, una posición que parece más anclada cada vez que alguien del Ministerio o de la Fuerza Logística Operativa (FLO) es cuestionado sobre el asunto. Cuando el Gobierno socialista volvió al poder después de dos legislaturas del Ejecutivo Aznar, Francisco Vázquez se animó a solicitar la desafectación del privilegiado edificio, en el que los vecinos de la Ciudad Vieja ven una solución a las carencias de equipamientos en el barrio (para el centro cívico), además de una alternativa para la peatonalización.
Al ser invitado por Bono a su toma de posesión como ministro, el hoy embajador y entonces alcalde le avanzó que pensaba plantearle alguna petición relacionada con la ciudad, según explicó el propio Vázquez, quien aseguró que la respuesta del titular de Defensa fue: "Obedeceré como un recluta".
Pero nada. La última negativa a cualquier previsión de desafectación del acuartelamiento llegó el pasado 4 de diciembre, en la celebración de las patronas de Infantería y Artillería. El general de la FLO, Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras, defendió la "utilidad" del edificio -que considera la segunda sede del Ejército en la ciudad, después de la de Capitanía- para el despliegue de las tropas y para el cumplimiento de sus "misiones". No cree que exista "polémica" en cuanto a la pretensión del Ayuntamiento de contar con las instalaciones militares para usos municipales, ya que el edificio, a sus ojos, es "fundamental" para el cuerpo y no entra en las previsiones del Ejército ni de Defensa "desafectarlas" ni total ni parcialmente.