El Gobierno local aprobó ayer, de manera inicial y en solitario -con el voto en contra de BNG y EU-Os Verdes y la abstención del PSOE-, las ordenanzas fiscales y los precios públicos para el próximo año. El concejal de Economía, Roberto Coira, admitió que había introducido en el documento "pocas" bonificaciones nuevas con respecto a las de este ejercicio debido, dijo, a la "incertidumbre" económica y a la falta de previsión de ingresos de las arcas municipales. Además, alertó de que esta situación no solo afectará a los impuestos locales de 2012 sino que prevé que la disminución "considerable" del dinero que entre en el Ayuntamiento se repita durante "todo el mandato". Así, pese a la congelación, por tercer año consecutivo, de los tributos, el edil se escuda en la "prudencia" para no realizar más avances en materia tributaria y que los cambios, añade, sean "generalistas".
No faltaron tampoco en el pleno los reproches al anterior Gobierno local con respecto al estado de la hacienda. Según Coira, el Concello tendrá que invertir 40.000 euros diarios en amortización e intereses de deuda y criticó la "ocultación de facturas" sin pagar. "Tenemos que ser cautos en la modificación de las ordenanzas fiscales", afirmó y recalcó que no subirá ningún impuesto, a pesar del aumento del IPC en más de un 3%, con lo que se beneficia "a la mayoría de los ciudadanos". Y esta situación es justamente la que criticaron los grupos de la oposición, que pidieron medidas de progresividad en los tributos para que, según el concejal de Esquerda Unida-Os Verdes, César Santiso, "pague más el que más tiene".
El concejal socialista Jesús Fernández defendió que congelar los impuestos -tal como hizo el Gobierno local de PSOE y BNG en los dos últimos ejercicios- es "necesario" pero que reprochó que se reproduzca "de modo mimético" la ordenanza existente. "Hay que ir más allá, adaptarse al momento económico", pidió. Acerca de la rebaja en un 20% del impuesto que grava las plusvalías por heredar una vivienda, el socialista criticó que no se realice el descuento por tramos por la renta de los beneficiarios o por el valor catastral del domicilio. "Se queda en la definición general y no es lo mismo lo que valga la vivienda o si el que lo hereda está desempleado", denunció. Sobre la rebaja en un 2% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) si se fracciona el pago y se domicilia, consideró mínima la ventaja por haber subido el IPC un 3%.
Los votos del Gobierno local tumbaron las cuatro enmiendas que presentó el BNG para ampliar los colectivos que obtienen descuentos en los impuestos, a lo que el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril alegó que sus peticiones -para la reducción del IBI a familias numerosas o para aquellas viviendas que no poseen servicios básicos- están contempladas en la legislación de haciendas locales y es posible introducirlas en las ordenanzas fiscales. Además, también criticó la falta de bonificaciones de tipo social, sobre todo para parados, pensionistas o emprendedores: "La congelación de impuestos está bien, pero presupone que todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones económicas".
El representante de Esquerda Unida-Os Verdes, César Santiso, también se opuso a que la rebaja en el impuesto sobre la transmisión de viviendas sea "lineal" y propuso otros cambios "más sociales y justos", como aplicar descuentos a los tributos de pisos de protección oficial o incrementar el impuesto de tracción mecánica a los coches de mayor cilindrada. "Estamos sorprendidos de que no se intente avanzar socialmente y que no aparezcan medidas de promoción económica", criticó el concejal, que pidió gravar a las empresas más grandes y a los bancos.
El concejal de Economía recriminó a PSOE y BNG que no impulsaran en el Gobierno local lo que piden ahora en la oposición. "Lo que proponen no lo hicieron antes. Ahora queda poco creíble", les espetó. Coira no ofreció ninguna explicación de la linealidad de los cambios en las ordenanzas fiscales y se limitó a criticar que a los socialistas "les gusta subir impuestos de manera generalizada" y ejemplificó su argumento en el aumento del IVA por parte del Gobierno central. Eso sí, se mostró abierto a estudiar las alegaciones que presentarán los grupos municipales en el periodo de exposición pública y no descartó que se dejen de cobrar los precios públicos a los parados, tal como pidió el BNG. Pese al rechazo con los votos del PP de la enmienda, el concejal afirmó que se verá si legalmente se puede aplicar el descuento a los desempleados.
Pero en el debate plenario sobre los precios públicos lo que con más dureza criticó la oposición fue el cobro de 125 euros para oficiar un matrimonio en el Palacio Municipal de María Pita. Que sea un servicio público y que se celebre en la que se supone, dice, "la casa de todos", son argumentos suficientes para el portavoz nacionalista para defender que no se realice ningún pago por parte de los contrayentes. "Se puede ahorrar en los costes de oficio", propuso Carril en referencia a que el edificio permanece abierto los días que se celebran bodas para otros cometidos. El edil de Economía apuntó que "en la mayor parte de ayuntamientos de Galicia" ya se establece una tasa para estos actos y explicó que ni siquiera con este pago se cubre el coste municipal que cifró en 1.620 euros. Por su parte, el concejal socialista Jesús Fernández alertó de que, al margen de pagar la cuota, la ordenanza establece que sólo se devolverá la mitad si no se celebra el matrimonio.
El edil del PSOE también criticó que se introduzcan tasas por utilizar algunos espacios del centro de empresas de A Grela porque, dijo, "no es lo mismo un evento privado que un proyecto que pueda ser beneficioso para el empleo" y con respecto a los pagos por usar salas del centro Ágora también pidió que se "acelere" su apertura antes de plantear este canon.
La rebaja en el impuesto que pagan las operadoras de telefonía por uso de dominio público, criticada por la oposición, fue justificada por Coira en la obligación de modificar la fórmula de cálculo del pago.