Raimundo García es consejero delegado de la empresa Cobertura. Dice que los trabajadores pierden una media del 28% de su tiempo enredando con las redes sociales, los chats y las consultas en internet para uso personal, aunque desde el ordenador de la oficina. Esta semana ha estado en la sede de la Cámara de Comercio para explicar a las pequeñas y medianas empresas cómo pueden prevenir que sus empleados pierdan productividad. García tiene la herramienta, la manera en que cada uno de sus clientes la utilice ya no es competencia suya.

-¿Por qué es necesario cortar el acceso a internet a los empleados de una empresa?

-En esta última década con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la sociedad ha dado un salto enorme en la relación, la comunicación y el trabajo. Las oficinas nos ponen a nuestra disposición recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) para el desarrollo de nuestro trabajo, pero los estudios de consultoras especializadas dicen que, en España, el 28% de la jornada laboral se pierde en el uso de las TIC con fines personales. Para las empresas, esto genera dos problemas: uno económico y otro legal. El económico viene por la pérdida de productividad de los empleados porque hay un absentismo presencial importante, ya que, aunque estén en el puesto de trabajo, no están desarrollando las funciones que se les han encomendado. El uso indiscriminado de las TIC puede generar infracciones en el ámbito legal de las que se puede hacer responsable a la empresa.

-¿Cómo cuáles?

-Pues infracciones en materia de protección de datos, de propiedad intelectual, laboral y, sobre todo, en materia penal. Hace unos once meses ha habido una modificación en el Código Penal que establece que todos aquellos perjuicios que un trabajador produzca en horario laboral y desde su puesto en la empresa son responsabilidad también de la compañía en la que esté empleado. Con esto se abren las posibilidades de infracción.

-¿Cómo pueden controlar las empresas que sus trabajadores hagan un uso responsable de las TIC?

-Nosotros ofrecemos una herramienta que permite a las empresas controlar el acceso de sus empleados a las TIC, pero es la empresa la que decide qué nivel de restricción tiene cada trabajador. Habrá algunos que puedan acceder a los diarios digitales porque una parte de su trabajo será informado de lo que pasa continua e inmediatamente y otros que puedan acceder a las redes sociales porque su labor en la empresa dependa de ellas. Hay muchos puestos, sin embargo, para los que no es necesario tener acceso ni a redes sociales ni a chats ni a intercambio de archivos; siendo así, la empresa puede bloquearle el acceso a estos servicios para prevenir el uso no profesional y también para evitar incurrencias en el plano legal de las que puede ser responsable la empresa.

-¿Cómo reaccionan los trabajadores a estas restricciones?

-Hay para todos los gustos. En 2010, el 57% de las empresas de Estados Unidos tenía políticas de empresa 2.0, procedimientos y herramientas para racionalizar las TIC en el puesto de trabajo y para evitar que se utilicen con fines particulares. En España, sin embargo, llegamos a un peladito 10%, que es el porcentaje de la gran empresa. En Inglaterra dos de cada tres empleados están a favor de prohibir las redes sociales en el trabajo. Hay dos motivos: evitar pérdidas de tiempo y la seguridad. Se están dando casos de suplantación de perfiles porque los delincuentes buscan entrar en los sistemas de las empresas y les generan un gran perjuicio. El trabajador lo hace de manera involuntaria porque los usuarios no conocemos los secretos de la gran Red, pero el daño se hace.