Diecisiete manos alzadas con el sí, las de los diputados del Partido Popular; nueve que se quedaron sobre los reposabrazos de los sillones del salón de plenos para abstenerse, las socialistas; y otras cinco, las que llevan el sello nacionalista, que mostraron su desacuerdo a la configuración de los presupuestos provinciales para el próximo año. En este documento, que entrará en vigor en enero, se endurecerán las bases para el acceso de los ayuntamientos a las ayudas de la Diputación; de hecho, no podrán optar a ellas los concellos que no hayan depositado sus datos fiscales en el Tribunal de Cuentas, una obligación que tienen todos los municipios, pero que no siempre es atendida. Esta medida es una copia de la que aplicará la Xunta a partir del mes que viene para abrir sus puertas a las subvenciones autonómicas.
El presidente de la Diputación, Diego Calvo, aseguró ayer que esta no será la única barrera con la que se encontrarán los concellos en 2012 para acceder a las ayudas provinciales. Todos aquellos municipios que no cobren a sus vecinos los servicios por los que tienen la obligación de pasarles un recibo -por ejemplo, por la recogida de la basura- tampoco podrán optar a las partidas provinciales. El presidente del ente provincial se muestra contrario a que los ayuntamientos den esquinazo a sus deberes y sean recompensados por ello al igual que lo son las administraciones más responsables.
Calvo dice que, actualmente, no serían muchos más de cinco los ayuntamientos que se quedarían fuera del reparto de ayudas, aunque espera que estas restricciones que se aplicarán en menos de quince días, animen a los gobiernos locales a hacer públicos sus números y a trabajar por la transparencia de su gestión.
"No significa que las cuentas estén saneadas, solo que se pueden consultar y algunos ayuntamientos tendrán más de lo que presumir y otros menos", explicó ayer Calvo, tras el pleno. En la provincia de A Coruña, solo trece concellos no depositaron sus cuentas de 2010 en Tribunal, entre ellos, Cambre, Malpica, Oleiros y Lousame, el concello del que es alcalde el portavoz del grupo provincial del PP, Santiago Freire Abeijón.
Al presidente de la Diputación -dice- le gustaría manejar un presupuesto de 190 millones de euros; sin embargo, sus cifras son mucho menores, 137 millones de euros, unos 38 menos que en el ejercicio pasado, por lo que la palabra recorte se imponía en la confección de la hoja de ruta del próximo año.
La rebaja no ha sido lineal. Al contrario, la Diputación ha querido reforzar el gasto social y ha incrementado la partida que adjudicará a este fin. El incremento supone un 20,6% del presupuesto total, frente al 15,3% del año pasado, aunque en cifras reales, esa subida se queda en 200.000 euros. De los ocho millones muy largos que recibió esta sección en 2011, pasará a los 9,1 millones de euros del año que viene.
Calvo asegura que la Diputación ha recortado en todo lo que podía, que, según su posición, "es muy poco", ya que hay partidas que no se pueden modificar, como el gasto de personal, porque el sueldo de los funcionarios está blindado. En todo lo demás, la institución ha metido la tijera. El gasto corriente -mantenimiento, seguridad y limpieza- se reduce un 13%; el plan de mantenimiento de los más de 2.000 kilómetros de la red viaria provincial baja de los 17 millones de 2011 a los once del próximo año; la promoción turística sufre una merma de casi el 70% y las instituciones culturales y de normalización lingüística perderán, en algunos casos, más de la mitad del poder adquisitivo que les entregaba la Diputación.
Calvo defiende que apoyará a los ayuntamientos y que su objetivo es que todos sigan ofreciendo a sus vecinos las mismas actividades que antaño, cuando las arcas estaban llenas, pero la oposición no se lo cree.
La Diputación señala como un logro la inclusión de 1,5 millones de euros para el fomento del empleo en los concellos; este dinero procede de la Xunta, que tiene competencias en materia de trabajo, aunque ha decidido desviar esta partida presupuestaria a la Diputación para que la ejecuten los concellos a través de ella. Calvo asegura que no será la solución a todos los males, aunque cree que puede suponer una gran ayuda para algunos de los parados de la provincia "que desarrollen actividades de interés general o social". Ni el portavoz del grupo popular, Santiago Freire Abeijón, ni el presidente de la Diputación explicaron ayer cómo se repartirá ese dinero ni qué políticas se desarrollarán a su cargo.
El objetivo que persigue el equipo de Gobierno es el de reducir la deuda de la Diputación y dejarla en los niveles de 1998, rondando los 74 millones de euros, para esto, se reduce también el capítulo de inversiones, aunque, según explica Diego Calvo, los presupuestos son estimados, ya que dependen de los números que apruebe el Estado.
La Diputación asegura que todo el dinero que ingrese la provincia y con el que no se haya contado en estos presupuestos, se destinará, "íntegramente" a la inversión en los concellos. Si las cuentas fuesen a la inversa, si la Diputación hubiese estimado que contaría con más dinero del que, finalmente entrará en sus arcas, la institución ha pensado en realizar "nuevos ajustes" sin que supongan alteraciones en la prestación de los servicios que los ayuntamientos ofrecen a sus vecinos.
El grupo socialista y el nacionalista mostraron ayer su desacuerdo con la confección de los presupuestos elaborada por el grupo de Gobierno. Si bien alabaron que la institución no se hubiese quedado de brazos cruzados a la espera de que el Estado cerrase los suyos, se quejaron de los recortes a los que se tendrán que enfrentar los ayuntamientos y las entidades supramunicipales a partir del mes que viene.
No les gusta ni a PSOE ni a BNG que, con una mano se acaricie la iniciativa de los ayuntamientos de unirse y crear instituciones como el Consorcio As Mariñas y, con la otra, se retire su financiación, como sucede en ese caso. Para el BNG, estos presupuestos son "antigallegos", por la rebaja que sufren algunas instituciones, como la Fundación Luis Seoane, que tienen como objetivo la promoción de la cultura y el idioma propios de Galicia; y "crean desempleo" y es que los diputados nacionalistas están seguros de que no se pueden prestar los mismos servicios por un precio menor sin que esto repercuta en la calidad del trabajo de los operarios o en sus sueldos.
El portavoz socialista y expresidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda, fue un poco menos duro que sus compañeros de oposición y tendió la mano al presidente, Diego Calvo, en algunas cuestiones. Pero no en el tema de las aportaciones a los sectores productivos como el agrario o el pesquero, que pierden, en ambos casos, más de medio millón de euros de financiación para afrontar el próximo ejercicio.
El grupo nacionalista achacó al Partido Popular que siguiese los dictámenes de los mercados, que no se arriesgase a desarrollar políticas que cambiasen el modelo y que su solución para afrontar un momento más que complicado económicamente hablando fuese sacar el rotulador rojo y comenzar a tachar partidas y ceros.
No fue el único punto del pleno, el de los presupuestos, el que rompió la unanimidad que imperó en la sesión. La aprobación del cuadro de personal se hizo con los votos del PP en solitario y la abstención de la oposición.
