El Concello omitió en su denuncia ante el Tribunal de Cuentas una de las irregularidades de mayor relevancia del informe de investigación que encargó sobre Someso: la venta directa de los terrenos municipales en el ámbito del recinto ferial, y no a través de un concurso público como marcaba la ley, a la junta de compensación del sector, presidida por Antonio Fontenla. Es precisamente este hecho el que está siendo objeto de investigación por parte de un juzgado de Instrucción, que trata de averiguar si hubo trato de favor al constructor con relaciones societarias con la familia del exalcalde Vázquez.
El pasado 4 de marzo, la asesoría jurídica del Ayuntamiento enviaba su denuncia al Tribunal de Cuentas. Lo hacía después de que Fiscalía archivase el informe municipal sobre Someso porque el Gobierno local no había señalado ningún delito en él ni ningún supuesto responsable.
En la denuncia, el Concello recoge algunos de los hechos revelados por las funcionarias municipales que instruyeron el caso. Entre ellos, el convenio con la familia Yordi Catoira o la conversión del aprovechamiento libre en vivienda de protección oficial. Pero entre los hechos que enumera se excluye la primera de las conclusiones del informe jurídico que se presentó ante Fiscalía: "La venta de patrimonio municipal se efectúa sin el correspondiente concurso público, no siendo ello conforme con lo establecido en el Reglamento de Bienes de Entidades Locales".
En el informe municipal, con fecha de 15 de junio de 2012 y que también se remite a Cuentas, las funcionarias constatan un "procedimiento inadecuado para la venta del patrimonio municipal". Arguyen que el acuerdo de adjudicación directa de fincas se tomó por la junta de gobierno después de aprobada la modificación de la ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, "que expresamente establecía el procedimiento de concurso". "El acuerdo de la junta podría incurrir en nulidad por no seguirse el procedimiento establecido", sentencia el informe.
Es en este hecho en el que se ha centrado el Juzgado de Instrucción número 3 en su investigación, al margen los tres procesos del Tribunal de Cuentas. Para tratar de esclarecer los hechos, el juzgado reclama al Ayuntamiento que identifique a todos los que participaron en la Junta de Gobierno Local del año 2004 y que aprobaron la adjudicación y venta de terrenos, así como en el acuerdo de aprobación definitiva.
En esta reunión, el 29 de octubre de 2004, no estuvo presente Vázquez sino Javier Losada como alcalde accidental. Pero el exembajador sí estuvo en la Junta de Gobierno Local del 30 de septiembre de 2005 en la que se aprobó el proyecto de compensación refundido y la formalización de la venta, a favor de la junta de compensación, del aprovechamiento urbanístico.
La juez demandó información societaria a Iglevaz SL (nombre que une los primeros apellidos de Francisco Vázquez y su mujer), empresa creada para gestionar inversiones eólicas que fundó Antonio Fontenla y que transmitió a la familia del exalcalde. El juzgado pide a la firma que aclare cuál ha sido y es la relación de Vázquez dentro de la firma.
Mientras las denuncias ante el Tribunal de Cuentas del Ayuntamiento y del exconcejal José Antonio Sánchez Penas están una archivada y la otra en proceso de archivo, la denuncia del BNG, que sí incluye el hecho de la venta directa de terrenos, sigue adelante.
En el caso de la de Sánchez Penas, el Concello se contradijo ante el tribunal fiscalizador sobre la responsabilidad contable en Someso. Invitado a personarse, en primer lugar envió un escrito en el que defendía que no había culpabilidad ni razones para abrir un procedimiento y, solo tras doce días y uno después de enviar su propia denuncia, rectificó en otro escrito y demandó que se investigase. Aunque ambos textos solicitan el archivo de la denuncia del exedil por la inconcreción de los hechos, el segundo reclama que se deje sin efecto" parte del argumentario inicial de los servicios jurídicos por no "reflejar la postura municipal".
