No hay negociación posible entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ayuntamiento coruñés para la cesión de la antigua cárcel provincial. Mientras el actual Ejecutivo del Partido Popular intenta anular el acuerdo que firmó Francisco Vázquez con Instituciones Penitenciarias en 2005 para recuperar la prisión para la ciudad por 1,2 millones, en Madrid son contundentes: es patrimonio de Infraestructuras Penitenciarias y "no es posible la cesión gratuita del inmueble".

El Gobierno central responde a una pregunta del senador socialista Javier Losada, interesado en saber si hay "voluntad" para esa transmisión sin contrapartida alguna por parte del erario municipal. El convenio, sellado en 2005, acordaba la devolución del viejo penal al Concello a cambio de que cediese unos terrenos junto a las cocheras de Tranvías para un centro de inserción, ya en funcionamiento, además del pago de 1,2 millones de euros.

El actual Ejecutivo local realiza trámites para anular este pacto y ha abocado el conflicto a los tribunales, lo que aplaza la recuperación del inmueble histórico, su rehabilitación y su uso social. La intención es remitir dicha anulación al Consello Consultivo. El Concello también a solicitado a Infraestructuras Penitenciarias que pase la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). La sociedad estatal dependiente del Ministerio del Interior acaba de realizar trabajos de tapiado y protección después de sufrir desperfectos durante los temporales.

"El inmueble de la antigua cárcel de A Coruña forma parte de la sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios SA", argumenta en la respuesta el Gobierno central, que señala que fue aportado a dicha sociedad pública por el Patrimonio del Estado "tras la formalización de un convenio con el Ayuntamiento". En él, añaden, "se reconoce un valor" a la penitenciaría, de 1,2 millones de euros, una cantidad pactada para compensar la diferencia del valor del terreno entregado para el centro de inserción y el precio tasado de la parcela de la cárcel. "En consecuencia", recalcan, "no es posible la cesión gratuita del inmueble". El Ejecutivo considera el convenio lesivo para los intereses municipales y que no debe abonar ni un euro más a Interior, ya que, según el acuerdo original de cesión 1925, el municipio dio el terreno para una cárcel que, una vez cerrada, debe volver al Concello.