Los Juzgados de Lugo congregaron ayer a algunos de los principales imputados en la operación Pokemon, la mayor trama de corrupción investigada en Galicia. Entre los 18 implicados que la juez instructora, Pilar de Lara, citó a declarar figuraba el primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, Julio Flores (PP), así como el edil socialista José Nogueira y el exconcejal del BNG Xoán Martínez Cajigal, todos ellos como sospechosos de cometer un delito de cohecho por aceptar presuntos sobornos del delegado de la empresa Vendex en Galicia, José María Tutor. Los dos miembros de la Corporación local y el exedil negaron ante la magistrada haber aceptado pagos del empresario en los días previos a las elecciones municipales celebradas en 2011, tal y como concluyeron los agentes de Vigilancia Aduanera en un informe.
Flores y Nogueira eran veteranos, ya que el pasado mes de enero fueron interrogados por De Lara en el mismo juzgado como sospechosos de incurrir en un delito de tráfico de influencias. Llegaron al edificio con traje formal y, en apariencia, tranquilos. Sonrieron a los periodistas, cámaras y fotógrafos que los esperaban en la puerta y se detuvieron ante ellos para proclamar su inocencia y su intención de colaborar con la Justicia.
El edil del PSOE se mostró dispuesto a declarar "sobre todo" lo que le preguntase la magistrada, mientras que Flores llegó "tranquilo" y con la "firme voluntad" de responder a De Lara y aclarar "todo lo que no haya aclarado ya en este caso". Cajigal, más nervioso, se limitó a admitir que estaba "preocupado". El primero de los tres políticos coruñeses imputados en sentarse ante la instructora fue Nogueira, que fue interrogado durante media hora. Tras él testificó el dirigente del PSOE provincial, Moisés Rey, a quien siguió el primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local. Flores aseguró que De Lara le volvió a hacer "las mismas preguntas" que el pasado mes de enero, cuando declaró como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias por, supuestamente, intentar enchufar a afines en empresas del grupo Vendex. Entonces negó haber reconocido su voz en las reproducciones de algunos de los pinchazos telefónicos que escuchó ante la juez, lo que provocó numerosas críticas.
"Hoy, afortunadamente, el equipo técnico era infinitamente mejor que en su momento. No es cuestión de reconocerse o no reconocerse, es cuestión de que las cosas tienen una explicación muy sencilla si se quieren ver las cosas de manera sencilla", espetó a la salida del juzgado el popular, que es mano derecha del alcalde, Carlos Negreira. El edil, que fue interrogado durante alrededor de media hora, admitió ante la magistrada haberse reunido con Tutor en un hotel del paseo marítimo antes de las elecciones municipales en las que el PP obtuvo mayoría absoluta. Vigilancia Aduanera recoge en su informe una "posible entrega de dinero" a Flores en ese encuentro. Los investigadores estiman que la suma que percibió fue de 5.000 euros. "Me volvió a hacer las preguntas que ya respondí en su día y le volví a contestar que no he tenido absolutamente ningún comportamiento irregular y que esa hipótesis de Vigilancia Aduanera en mi caso no se sostiene en absoluto", aseveró.
El portavoz del Ejecutivo municipal negó con rotundidad haber sido sobornado. De hecho, alegó que accedió a reunirse con el empresario porque se lo pidió y es una persona "educada". La única pretensión de Tutor, sin embargo, era "apuntarse un tanto", según el popular. Así, contó a De Lara que le enseñó un plano con el número de plazas de zona ORA que su empresa había perdido debido a las obras ejecutadas en la ciudad dentro del Plan E. El imputado insistió ante la juez que Vendex sufrió una disminución de contratos desde que el PP gobierna en María Pita y que ejercen un mayor control sobre los ingresos que obtiene la compañía por la ORA.
Flores, al igual que en su anterior declaración, dijo que no recordaba haber mantenido algunas de las conversaciones que le reprodujo la magistrada, ya que son "de hace tres años". La instructora también preguntó al concejal sobre el significado de la palabra "papeles", ya que Aduanas sospecha que los implicados en la trama la utilizaban como clave para referirse a dinero. El edil negó conocer esa señal.
"Las personas que estamos en este tipo de situaciones no lo estamos pasando bien y lo que queremos es que haya garantía jurídica, respeto a la Constitución y a la presunción de inocencia. Eso es lo que nos gustaría y que no hemos tenido porque hemos tenido un juicio paralelo que es absolutamente indignante", protestó Flores. Su abogado, Esteban Rico, criticó que De Lara lo haya requerido para testificar ayer como presunto autor de un delito de cohecho cuando el informe de Aduanas que provocó su imputación, según el letrado, ya lo conocía la magistrada cuando a finales de enero lo interrogó como supuesto autor de un delito de tráfico de influencias.
El concejal socialista, al igual que el popular, negó ante la instructora haber recibido sobornos y atribuyó la conversación telefónica que mantuvo los días anteriores a los pasados comicios locales con Tutor a la necesidad de que le facilitase una lista de interventores que trabajaban para Vendex. En los pinchazos telefónicos que le hizo escuchar la juez, según el sospechoso, no hay "ni una sola referencia" a dinero, por lo que subrayó que desconoce a qué responde su imputación por cohecho. Así, el concejal alegó que un empleado de Vendex „la empresa sobre la que gira toda la presunta trama de adjudicaciones irregulares a cambio de favores a funcionarios y políticos„ que es militante del PSOE se comprometió a enviarle una lista de personas que ejercerían como interventores en las elecciones. "Es algo normal en el trabajo de la confección de interventores y apoderados para esas campañas municipales recurrir a compañeros del partido, simpatizantes, militantes, Juventudes Socialistas, UGT, para tener suficientes interventores y apoderados para ese día. Solo se habla de eso. En ningún sitio se habla de sobornos ni de dinero", recalcó Nogueira, al tiempo que insistió en que solo llamó al delegado de Vendex para preguntarle por la lista que, en teoría, le iba a facilitar el empleado de Tutor y militante del PSOE Manuel Amado, que declaró como testigo.
"Lo llamé porque no me llegaba la relación, la que me tenía que mandar Tutor, perdón, Amado, no me llegaba. Amado no estaba ese día en la empresa y era el último día para presentar la lista de interventores", arguyó el edil, quien aseveró que era "normal" que llamase al delegado de Vendex, que es jefe de Amado, para preguntarle por los interventores. Aduanas, sin embargo, apunta al socialista, basándose en la conversación que mantuvo con el empresario, como el receptor de "al menos 2.000 euros sin causa lícita conocida". Los agentes encargados de la investigación interpretan que "ocho trabajadores" del conglomerado empresarial actuaron como interventores del PSOE y que Tutor "parece ofrecer algún tipo de ayuda económica".
El exconcejal nacionalista, que fue responsable de Deportes durante el gobierno de coalición de PSOE y BNG, salió de los Juzgados como llegó: preocupado. El exedil dimitió, ya en la oposición, en octubre de 2012 alegando motivos personales. "Respondí a las preguntas que me plateó la magistrada y nada más", señaló Cajigal, quien indicó que acudir a declarar "no es trago de buen gusto" y que no se lo desea "a nadie". De Lara lo interrogó sobre una llamada entre él y Tutor "56 minutos más tarde" de que en la cuenta del BNG se efectuase un ingreso de 6.000 euros. "Llegaron los papeles esos y ya están en el sitio", le informa el delegado de Vendex. Cajigal, al igual que Flores y Nogueira, negó haber recibido sobornos.