El Gobierno local del PP ha puesto más empeño en la recuperación gratuita de la antigua prisión provincial que en señalar a los responsables contables de la ineficiente gestión urbanística de Someso, que ha supuesto a las arcas municipales un perjuicio económico de más de 19 millones de euros. En ambos casos fue determinante la intervención del exalcalde socialista Francisco Vázquez por firmar un convenio que obligaba al Concello a pagar al Estado 1,2 millones para obtener la reversión de la cárcel y por adoptar tres acuerdos que perjudicaban a las arcas municipales en el desarrollo de la urbanización del recinto ferial, en Someso. El propio alcalde popular, Carlos Negreira, anuló el primer acuerdo a finales del año pasado, pero por ahora se niega a tomar la misma medida con los convenios de Someso.
El Tribunal de Cuentas ha advertido de la necesidad de revisar los acuerdos de Someso para determinar las responsabilidades contables. El grupo municipal del BNG, que denunció estas irregularidades hace dos años ante Cuentas, ha solicitado en cuatro ocasiones la revisión de oficio de los acuerdos aprobados por Vázquez entre 2004 y 2006. El Ayuntamiento ni ha respondido a los nacionalistas en cada petición ni ha aclarado públicamente -tampoco a preguntas de LA OPINIÓN formuladas esta semana- si tiene la intención de anular los convenios.
El Gobierno local de Negreira sí se ha sumado a la voluntad del BNG de iniciar un juicio por las anomalías cometidas en la gestión de Someso y señalar culpables, proceso abierto por el Tribunal de Cuentas, como adelantó este periódico el viernes. Hace dos años, en cambio, los servicios jurídicos del Concello solicitaron archivar el caso a pesar de que un informe municipal recogía las irregularidades denunciadas. El alcalde continúa sin explicar su postura sobre la vigencia de los acuerdos permitidos por Francisco Vázquez.
Otro convenio del exregidor socialista rubricado en 2005 con Interior obligaba al Ayuntamiento a pagar al Ministerio 1,2 millones de euros y a entregarle unos terrenos próximos a Cocheras para la creación de un centro de inserción social -hoy construido- si quería recuperar la cárcel en desuso, cuyo estado se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. En este caso Carlos Negreira sí dio un paso claro para que el recinto penitenciario se convirtiese en propiedad municipal y dejara de ser lesivo para los intereses del Concello, como lo es también la gestión irregular del polígono de Someso.
El pleno de mayo del año pasado aprobó iniciar el proceso de reversión gratuita de la antigua prisión. El Consello Consultivo rechazó en octubre el procedimiento planteado por el Gobierno local para evitar el pago de 1,2 millones pactados en el convenio en 2005 al señalar que debía haber sido el alcalde, no el pleno, el único competente para adoptar la decisión de revisar de oficio el acuerdo.
Un mes más tarde Negreira firmó un decreto por el que anuló de oficio aquel convenio de permuta del antiguo penal con unos terrenos municipales. El decreto supone la "nulidad de pleno derecho" de aquel acuerdo tal y como avaló el Consello Consultivo en un informe emitido a inicios de noviembre que, entre otras cosas, apuntaba que el exalcalde Vázquez firmó pagar por la cárcel sin justificación. Con el decreto también quedan desestimadas las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. La reversión de la prisión encaró por tanto su camino en los juzgados.
