La reducción de suelo reservado para viviendas de protección en un 80%, de acuerdo con los ajustes a los que alude la Lei de Vivenda de Galicia de junio de 2012, supondrá la pérdida de 12.000 pisos de estas características. La norma autonómica conllevará una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), trámite que el Gobierno local ha encargado a una asesoría urbanísticamodificación PGOM. El planeamiento coruñés propone algo más de 1,5 millones de metros cuadrados destinados a vivienda de cualquier régimen de protección, lo que representa, según refleja la memoria del PGOM, unos 15.000 nuevos pisos protegidos. Con la reducción del 80%, la oferta quedará reducida a 3.000 construcciones.
La propia memoria del plan general, de febrero de 2013, ya recogía en sus previsiones sobre vivienda protegida que los nuevos 15.000 pisos determinados "parecen excesivos o por lo menos alejados de la necesidad real según el registro de demandantes de viviendavivienda". El PGOM prescribe una reserva del 41% de superficie edificable residencial para estos pisos de protección oficial, que con la aplicación de la ley gallega quedará recortado este año al 8,26%.
La reducción afectará a aquellos grandes polígonos residenciales de la ciudad donde está prevista la construcción de bloques de viviendas para personas con más dificultades para acceder a su financiación: San Pedro de Visma, O Portiño, Penamoa y Monte Mero, zonas en las que no han comenzado los trabajos de edificación o en las que todavía no hay proyectos de ejecución.
El Ayuntamiento ya ha dado el primer paso para ceñirse a la norma al pagar 7.000 euros a la empresa Lumieira Gestión para adaptar el planeamiento, aunque el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, aseguró que lo que ha hecho el Gobierno local es contratar un "estudio previo" que todavía no determina la reducción prevista. El encargo a Lumieira Lumieira recoge expresamente que es para la "adaptación del plan general a la Lei de Vivenda de Galicia en cuanto a los porcentajes de vivienda sometida a algún tipo de protección".
Las previsiones del plan general recogen como dato de referencia para justificar la reducción de esa reserva de suelo para pisos protegidos el descenso de demandantes de este tipo de viviendas en el registro oficial de la Xunta. Las cifras que tiene en cuenta para mostrar esa evolución son las de mediados de julio de 2008 y de octubre de 2012: 4.342 y 3.237 solicitantes, respectivamente. Hace un mes esa demanda quedaba incluso más reducida, al haber caído a 2.497 solicitudes. Si estima el "número de potenciales demandantes de vivienda protegida de promoción privada", el documento lleva la reducción hasta las 1.055 personas. El desplome en los últimos dos años ha sido superior al 40%.
La memoria del plan general radiografía también el estado del mercado de vivienda protegida, al apuntar que en Galicia "los precios de los pisos libres son muy similares (o incluso inferiores) a los precios máximos de venta de los pisos protegidos". Esta proximidad entre valores, prosigue el texto, ha determinado "la falta de interés" por esta clase de viviendas "en buena parte de la población", acentuada por "limitaciones y prohibiciones de todo tipo".
A expensas de que se resuelva la aplicación de la reducción prevista que planifica el Concello, que supondrá la pérdida de 12.000 nuevas viviendas en el parque de pisos protegidos de la ciudad, sectores locales de la construcción han manifestado su apoyo a esta rebaja establecida por ley. Los promotores inmobiliarios reiteran que la medida debe ajustarse a la demanda real de estos pisos y en estos momentos es muy baja. Los agentes de la propiedad inmobiliaria entienden lógica la disminución del parque de pisos de protección, aunque inciden en que el porcentaje de reserva permanente se dedique a facilitar el acceso a una vivienda a familias con menos recursos. Los arquitectos tienen una valoración similar que acompañan con una denuncia por la inexistencia de políticas seria de vivienda en España.
Los vecinos rechazan en cambio la falta de promoción de pisos de precios más bajos porque perjudican el acceso ciudadano a la vivienda y añaden que las promociones privadas tampoco tienen demanda.
