Libertagia recurría a todo tipo de tretas con un único objetivo: dar credibilidad a la empresa y generar confianza. Ese fue el primer paso de sus dirigentes -tres portugueses y un brasileño- para llevar a cabo una estafa que afectó a casi dos millones de personas de 26 países. La primera oficina que abrió en España, en junio de 2014, estaba situada en Os Rosales, en concreto, en la calle Emilio González López. A Coruña fue clave para la expansión de la empresa, ya que desde las "redes" surgidas en la ciudad se captó a casi la mitad de los afectados.

Los "coordinadores" del proyecto coruñés, Javier Figueiras y Bengy Ponce, grabaron vídeos de la inauguración de la sede que circularon por internet. Ellos aseguran que, aunque alquilaron y rotularon el local, nunca llegaron a operar desde allí. Ambos forman parte de una plataforma de afectados por el timo, que consistía en engañar a las víctimas haciéndoles creer que, a cambio de 6.000 euros al año, podían obtener 1.600 euros brutos al mes por clickar en publicidades de internet durante cinco minutos al día. Figueiras y Ponce se desvinculan de la supuesta estafa, aunque algunos perjudicados los señalan como responsables, ya que sostienen que formaban parte de la trama.

Libertagia, además de tener presencia en internet, donde exponía vídeos y fotografías sobre sus supuestos proyectos, llegó a recurrir a donativos para generar confianza. De hecho, en A Coruña entregó 2.500 euros a una conocida entidad benéfica de la ciudad. La entrega del cheque en el bajo de Os Rosales fue inmortalizada y, aún hoy, la fotografía circula por internet acompañada del texto: "Es una muestra más de que realmente podemos confiar en esta empresa, ya que no se dedica sólo a ganar dinero, sino que también está comprometida con valores sociales e intenta poner su granito de arena".

Los afectados calculan que la empresa les adeuda por su trabajo -pinchar en anuncios- 1.800 millones de dólares y que la compañía se embolsó directamente de pagos de inversores "entre 30 y 50 millones", según informó a este diario el letrado que representa a la plataforma de afectados, Antonio José García Cabrera, del despacho Lemat Abogados.