Alemania y Francia quieren utilizar las ayudas europeas que reciben los países para su desarrollo (fondos estructurales y de cohesión) como arma para forzar a los estados a cumplir de manera estricta la nueva disciplina presupuestaria para la zona euro, y así lo pactaron el martes en París la canciller germana, Angela Merkel, y el presidente galo, Nicolás Sarkozy. El eje franco-alemán quiere que se "suspenda" la concesión de fondos europeos a aquellos estados que incurran en alto déficit o superen los límites de deuda comprometidos (máximo del 60% del Producto Interior Bruto, PIB). Esta medida disciplinaria rescata la que ya defendió Alemania el pasado año con la oposición de varios gobiernos, entre ellos el de España.

Merkel y Sarkozy pasaron ayer al papel las políticas que concertaron el martes para salvar la moneda única, en la unidad de cuidados intensivos por la crisis de la deuda soberana. La receta general de ambos líderes consiste principalmente en un intento de fortalecer la gobernanza económica de la región monetaria (creación de "un auténtico gobierno económico") y de endurecer el control del déficit y del endeudamiento. En este último capítulo, las dos potencias europeas exigen que, antes del verano del próximo año, los países incorporen en sus constituciones el compromiso de estabilidad presupuestaria y contención de la deuda. Lo que Merkel y Sarkozy llamaron la "regla de oro".

Y el eje francó-alemán acordó también que el incumplimiento de las citadas obligaciones presupuestarias conlleve la "suspensión" de la entrega de fondos europeos. Alemania ya intentó introducir una norma semejante durante las negociaciones que la UE también desarrolló en 2010 para reforzar el gobierno económico de la Unión. En aquella ocasión, España se opuso a ese tipo de sanciones. "Con los fondos estructurales hay que tener mucho cuidado", dijo entonces la ministra de Economía, Elena Salgado. Ayer, el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, afirmó que el Ejecutivo no se da por aludido por la propuesta alemana.

España tiene el compromiso de rebajar el déficit al 3% (límite máximo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) en 2013. El nivel de deuda ronda en la actualidad el 64% del PIB y está entre los más modestos de la UE. La amenaza disciplinaria de Merkel y Sarkozy no es para ahora, sino, previsiblemente, con vista al nuevo marco presupuestario de la Unión (período 2014-2020) que está pendiente de negociar. Allí se fijarán los repartos de fondos estructurales y de cohesión. España es ahora el segundo receptor de ayudas (35.000 millones entre 2007 y 2013), por detrás de Polonia. Pero a partir de 2014 dejará de tener esa posición de privilegio y podría convertirse además en contribuyente neto (aportar a la UE más de lo que recibe). Los países del Este europeo acapararán la mayoría de las ayudas.

Hasta que estalló esta crisis, España tenía un buen historial de cumplimiento de Pacto de Estabilidad. Al contrario que Berlín y París. Durante los últimos once años, Alemania transgredió las normas de deuda en ocho ocasiones y las de déficit en cinco, y Francia lo hizo siete y cinco veces, respectivamente.

Los pormenores de lo pactado en la reunión de París fueron comunicados ayer por carta al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, a quien Merkel y Sarkozy quieren también como primer presidente del futuro gobierno económico de la eurozona. Éste estará integrado por los jefes de Estado y de gobierno de los 17 países de la moneda única, celebrará cumbres semestrales (la primera en enero de 2012) y podrá reunirse con carácter extraordinario cuando las circunstancias económicas lo exijan. Ese gobierno económico evaluará el comportamiento de la competitividad de la zona euro y fijará una estrategia de "crecimiento sostenible".

Pero la vigilancia de los desequilibrios de las cuentas públicas es la gran prioridad del nuevo orden. Habrá deberes inmediatos para los países del euro. "De aquí a finales de 2011", escriben Merkel y Sarkozy, los estados cuya deuda sobrepase el 60% del PIB (la mayoría) presentarán "un plan de reducción". Y se exigen reformas: "Todos los estados miembros de la zona euro sin tardar deben confirmar su determinación de poner en marcha rápidamente las recomendaciones europeas para consolidar el presupuesto y las reformas estructurales, fundamentalmente en materia de mercado laboral, competencia en sector de servicios y políticas de jubilación".

La propuesta franco-alemana de suprimir los fondos europeos a aquellos países que no cumplan con los objetivos de reducción del déficit público podría poner en serio peligro los 3.500 millones de euros que el pasado julio ofreció la Comisión Europea (CE) a Galicia en ayudas transitorias para el periodo 2014-2020. La Xunta estudiará "minuciosamente" los detalles de dicho plan y sus efectos en la comunidad gallega, y lamentó que el Gobierno central no tomase parte en la reunión entre Francia y Alemania para definir el futuro marco financiero comunitario "en el que las regiones nos jugamos mucho". Para el periodo 2014-2020, Bruselas se había propuesto destinar una partida de 39.000 millones de euros a aquellas regiones que dejarán de ser objetivo de convergencia. Galicia mantendría de este modo hasta dos tercios de las ayudas actuales que recibe de Europa. En este nuevo escenario hasta 2020, la comunidad gallega obtendría unos 3.500 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), destinado a infraestructuras, y del Fondo Social Europeo, frente a los 5.330 millones asignados para el periodo 2007-2013.

Estas ayudas transitorias (a las que también optan Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Murcia) se quedarían en agua de borrajas si finalmente se cumplen dos premisas: que Bruselas acepte la propuesta franco-alemana de cortar los fondos a países que no reduzcan el déficit, y que España incumpla los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se ha fijado como objetivo reducir su déficit al 3% en 2013, como establece el pacto, aunque hay organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dudan de la capacidad española para conseguirlo en un contexto de escaso crecimiento económico como el que amenaza a Europa.

La Xunta destacó ayer que Galicia lleva varios años trabajando para obtener fondos europeos a partir de 2014, y matizó que el plan franco-alemán no deja de ser "una propuesta más": "La Unión Europea tiene sus propios órganos de Gobierno; las decisiones se toman en el Consejo Europeo", recalca.