El PSOE y el PP apuraban ayer las últimas horas para pactar una reforma de la Constitución que fije un techo de déficit para las administraciones públicas, aunque sin incluir con exactitud cuál debe ser ese límite máximo. La intervención en esas conversaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Moncloa, va camino de rebajar la intensidad de la nueva regla de gasto: ante el creciente malestar en las filas socialistas, Rubalcaba ha planteado que la reforma incluya "principios" pero no números, que serían negociados y establecidos en una ley orgánica posterior. El PP se mostró dispuesto a llegar a un entendimiento en esos términos. La proposición debe ser presentada hoy para que pueda debatirse y aprobarse en el plazo de un mes, antes de la disolución de las Cortes.

El anuncio del presidente Zapatero de promover una "reforma exprés" de la Constitución para incluir un límite del déficit y del endeudamiento que afectará al conjunto de las administraciones -autonomías y ayuntamientos incluidos- produjo severas tensiones internas en el PSOE. Numerosos dirigentes y diputados se mostraron críticos con una medida que consideran de corte "neoliberal", que el PP había planteado sin éxito hace ya un año y que ahora acepta el Gobierno a raíz del último brote de la crisis de deuda soberana y de las indicaciones de Alemania y Francia. Se reforma la norma fundamental del Estado, reconoció la ministra Salgado, para "serenar" a los mercados.

Salgado habló anteayer de cifras, de ir a una regla de gasto semejante a la de Alemania, donde su Carta Magna especifica que el déficit público no podrá pasar del 0,35% del producto interior bruto (PIB) a partir de 2016 en situación económica normal. Horas después, el entorno de Rubalcaba anunciaba que el candidato tomaba el mando de las negociaciones por parte del PSOE. En contraste con la versión socialista, el PP aseguró ayer que las conversaciones las estaban llevando de manera directa Zapatero y Rajoy. Formalmente, en la mesa se sientan José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras la intervención de Rubalcaba, los socialistas han pasado a plantear un reforma constitucional "sin cifras" para "que haya la suficiente flexibilidad que permita garantizar las políticas sociales y los servicios públicos". Esto es, la Carta Magna no establecería, al contrario que la alemana, ningún techo numérico de déficit o deuda, sino una obligación menos precisa de respetar la estabilidad presupuestaria. Una ley orgánica posterior desarrollará el mandato constitucional. Ahora, la limitación del déficit público la fija la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2001 con un criterio de "déficit cero" y reformada en 2006 con una formulación más laxa.

Los socialistas sostienen que, dejando las cifras fuera de la Constitución, se logra la "máxima flexibilidad" para que el Gobierno de turno, en situaciones puntuales de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para mantener las políticas sociales, sin límites en su poder de actuación.

El PSOE dice estar convencido además de que, aun sin números, la regla de déficit será un "mensaje claro" a los mercados de compromiso con la "austeridad y el rigor", porque esa austeridad económica pasa a ser un "criterio constitucional".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que las conversaciones con el PSOE van a buen ritmo y sin grandes discrepancias. Otras fuentes del PP remarcaron su disposición para llegar a un entendimiento, "aunque sea sin incluir una cifra". Según esas fuentes, quien había planteado una cifra para incluirla en la Carta Magna era el Gobierno, no el PP.

En principio, la fórmula sugerida por Rubalcaba fue acogida con buenos ojos entre los dirigentes y parlamentarios socialistas que habían cuestionado la conveniencia de introducir constitucionalmente una regla de gasto. Elena Valenciano, coordinadora del comité electoral del PSOE, había comentado que las discrepancias entre los socialistas eran "relativamente graves".

La fórmula que anoche ultimaban PSOE y PP es bien vista también por CiU, que quiere una norma de baja intensidad para dejar a salvo la autonomía financiera de la Generalitat. Los nacionalistas aspiran a que el techo de déficit de Cataluña lo fije el Parlamento autonómico.

CEOE y Cepyme expresaron ayer su "completo apoyo" al proceso de reforma constitucional que negocian las principales fuerzas políticas españolas para introducir un principio de estabilidad presupuestaria y control de endeudamiento en la Carta Magna. Ambas patronales destacan que con esta medida se garantiza una "permanente" situación de solvencia en las cuentas públicas españolas a todos los niveles. Para la CEOE, que preside Joan Rosell, la credibilidad de las finanzas públicas es un requisito "indispensable" para la buena marcha de la economía.

"Sin estabilidad presupuestaria se crea incertidumbre sobre el futuro y volatilidad de los mercados financieros, frenando la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, unas finanzas públicas saneadas en todas las administraciones públicas crean las condiciones de estabilidad que se precisan para crecer y crear prosperidad y empleo", subrayan.

Por contra, Comisiones Obreras y UGT exigieron al Gobierno que someta a referéndum la reforma de la Constitución que está pactando con el PP, al tiempo que mostraron su "firme rechazo" a que la exigencia del "déficit cero" sea incluida en la Carta Magna. Ambos sindicatos, en un comunicado conjunto, avanzaron que estudiarán "con la máxima urgencia", y en coordinación con otras organizaciones sociales, eventuales movilizaciones para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a esta reforma. Las centrales sindicales consideran la reforma "sumamente inconveniente" porque limitará la capacidad de actuación de los futuros gobiernos.