Los resultados de una subasta con la que se fija en parte la tarifa de la luz han puesto al Gobierno en el siguiente dilema: aplicar este octubre una subida del recibo de casi el 6% o tomar la decisión política de congelar los precios a costa de engordar el déficit que arrastra el sistema. Ocurre con las elecciones generales del 20 de noviembre en el horizonte y cuando la factura de la electricidad ha acumulado ya en lo que va de año un incremento del 18% para más de 20 millones de consumidores domésticos.
La llamada tarifa de último recurso (TUR), que marca los precios para la gran mayoría de los hogares, se fija trimestralmente mediante un procedimiento que consta de dos partes: el Ministerio de Industria decide directamente sobre la subida de los denominados peajes de acceso (costes fijos del sistema que suponen la mitad del recibo), mientras que el resto (coste de la energía) se actualiza usando como referencia los resultados de una subasta en la que participan los productores y los comercializadores de electricidad. El Gobierno ya ha propuesto congelar los peajes de acceso (la mitad del recibo), pero la otra mitad quedaba en principio sujeta a lo que ocurriera en la subasta celebrada ayer y que se saldó con precios entre un 9% y un 13% más altos que hace tres meses.
Si esos resultados se trasladan sin más a la tarifa, el impacto supondrá un encarecimiento medio del 5,9% en el recibo. La luz ya subió dos veces durante este año: el 9,8% en enero (la mayor subida en 28 años) y el 1,5% en julio. Aplicar en octubre un nuevo aumento del 5,9% supondría que para el conjunto de 2011 el incremento acumulado superaría el 17%.
El Gobierno puede sobre el papel optar por otra vía política y amortiguar el impacto de la subasta eléctrica rebajando la otra parte del recibo, los peajes de acceso. No obstante, este camino tiene como efecto secundario que aumenta el déficit tarifario, el desfase entre los costes del sistema y los ingresos. El déficit acumulado durante la última década supera los 20.000 millones de euros y implica de por sí un sobrecoste para la tarifa que pagan los ciudadanos.
Hay precedentes cercanos de decisiones políticas para contener la subida de la luz. En junio de 2010, el Gobierno y el PP pactaron congelar los precios y negociar una reforma energética que luego no se concretó.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) está investigando si se producen prácticas anómalas de las eléctricas para alterar el funcionamiento del mercado e influir el resultado de la subasta.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió al Gobierno una congelación de la tarifa de la luz e invitó a los consumidores a sumarse a una campaña contra las subidas, después de que la última subasta del precio de la electricidad se haya saldado con un incremento entre el 9% y el 13%.
Según señaló la organización, si se mantiene la propuesta que el Ejecutivo envió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la luz subiría el próximo 1 de octubre alrededor de un 6%, lo que supondría un aumento de 41 euros al año para los hogares medios.
La OCU subrayó que la luz ha subido un 18,8% a lo largo de 2011, "el incremento más importante desde que comenzó el proceso de liberalización en 2003", y remarcó que, con esta subida, el precio de la luz aumentó un 61% desde 2008.
Para la asociación, este incremento es "inadmisible", ya que "está basado en un sistema opaco de fijación del precio de la electricidad".
