El precio de la luz no subirá para la mayoría de los consumidores domésticos a partir del 1 de octubre, después de que el Gobierno haya decidido no repercutir en el recibo el incremento previsto del coste de la energía. El efecto secundario de esa decisión política, que coincide en la antesala de las elecciones generales y en un contexto de severas dificultades económicas para muchas familias, podría ser un aumento del multimillonario déficit que arrastra el sistema de tarifa eléctrica y que pagarán en el futuro los propios consumidores. El PP respaldó ayer la posición del Gobierno, avalada también por las organizaciones de consumidores y atacada por la patronal del kilovatio.
La llamada tarifa de último recurso (TUR), que marca los precios para más de 20 millones de hogares y pequeños negocios, se fija cada tres meses mediante un procedimiento que consta de dos partes: el Gobierno decide sobre la subida de los llamados peajes del acceso (costes fijos del sistema, como el transporte y distribución de la electricidad, los incentivos a las energías renovables y al carbón, la moratoria nuclear...), mientras que la retribución de la energía consumida (coste de generación) se revisa utilizando como referencia los resultados de una especie de subasta en la que participan las compañías eléctricas.
Para la actualización del precios que entrará en vigor el 1 de octubre, el Ministerio de Industria ya había decidido congelar los peajes de acceso. La variación o no de la tarifa quedaba por tanto sujeta a lo que ocurriera en la subasta eléctrica, donde los precios negociados entre las empresas aumentaron entre el 9% y el 13% en relación al trimestre anterior. De aplicarse esta subida, la luz se encarecería en torno a un 6%, salvo que el Gobierno lo evitara con una decisión política.
El Ministerio que encabeza Miguel Sebastián anunció ayer que esta decisión está tomada: el Gobierno bajará los peajes de acceso (aproximadamente la mitad del recibo) para compensar la subida del coste de la energía. El resultado será que, para los consumos medios o moderados, no sube la luz. Los clientes con consumos singularmente altos sí pueden sufrir un incremento en la medida en que la rebaja de los peajes quizá no amortigüe por completo el encarecimiento de la energía. Los peajes de acceso financian costes que son los responsables del déficit tarifario, la deuda que arrastra el sistema con las eléctricas por el desfase entre lo que se paga por la luz y los costes que son reconocidos a las compañías.
La rebaja para congelar ahora el precio de la luz conlleva, por tanto, el riesgo de incrementar un déficit que, aunque de manera aplazada, pagarán los consumidores. Fuentes de Industria informaron ayer de que esta vez la congelación de la tarifa no implicará un aumento del déficit, si bien no precisaron mediante qué procedimiento.
La luz ya subió este año algo más del 11%. La decisión de congelar su precio en octubre deja para el siguiente Gobierno la decisión de actualizar o no la tarifa el próximo enero. El PP manifestó ayer que ve "bien" la decisión del Ministerio de Industria. "No estábamos para que la luz volviera a subir en los hogares de los españoles", afirmó Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP.
El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, asegura que la decisión del Gobierno de congelar la luz mediante una bajada de los peajes de acceso es una "tergiversación de la realidad a los consumidores".
Montes remarcó que las tarifas deben recoger los costes del sistema eléctrico porque, de lo contrario, se acumula un déficit que los consumidores deben devolver en el futuro. "Eso es pan para hoy y hambre para mañana, y eso hay que decírselo a los consumidores", destacó el directivo. Y añadió: "Lo que no se pague hoy se pagará luego". Montes se pregunta además "cómo va a hacer" el Gobierno para bajar los peajes, "dejando de pagar algo acordado", sin que se genere más déficit de tarifa. Este desfase ronda ahora los 20.000 millones de euros, según la Comisión de la Energía.
