El Consello Galego da Competencia (CGC) ha emitido un informe en el que denuncia por "injustificadas" e "ineficaces" las restricciones que la Xunta ha impuesto a la apertura de grandes superficies comerciales, aquellos que tienen más de 2.500 metros cuadrados de exposición al público. La postura del CGC es similar a la de otros siete órganos de competencia autonómicos que han analizado la situación en sus respectivas comunidades y que han dado lugar al pronunciamiento conjunto del Grupo de Trabajo de Promoción de la Competencia.
Sus conclusiones sostienen que la regulación recientemente aprobada, para aplicar la directiva comunitaria de servicios, continúa recogiendo "restricciones injustificadas a la competencia", tales como la exigencia de una autorización autonómica que "frecuentemente" no se adecua a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión de la competencia; una definición de los criterios para la concesión de licencias "en general excesivamente vaga e indeterminada"; o la supeditación, en cierto casos, del permiso de apertura a unos tests económicos "más o menos encubiertos" que van en contra de las disposiciones comunitarias.
El Consello Galego da Competencia, además de cuestionar lo acertado de las restricciones a la apertura, también califica como "injustificada" la limitación de horarios, puesto que la experiencia muestra que los pequeños establecimientos comerciales no aprovechan en su mayoría la ventaja competitiva que supone el disponer de una mayor libertad horaria que las grandes superficies. Además, argumenta que pese a las medias tomadas para proteger el pequeño comercio, en los últimos años se ha constatado una continua disminución del comercio tradicional.
Desde e Consello Galego da Competencia se sostiene también que las grandes superficies comerciales no hacen competencia a los pequeños y medianos comercios, sino que compiten con los de sus mismas dimensiones.
El informe del CGC tomó como base para su análisis la Lei de Comercio Interior de Galicia, que posteriormente fue desarrollada con un decreto donde se incrementan las condiciones para obtener la autorización autonómica para abrir una gran superficie de más de 2.500 metros cuadrados. Entre ellas figuran la obligación de disponer de una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados, elaborar una plan de movilidad que garantice una línea de transporte público de frecuencia horaria que comunique el centro comercial con los núcleos de población próximos o el disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
