Los peores presagios para la banca española parecen ir camino de cumplirse después del principio de acuerdo alcanzado ayer en la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona para obligar a la gran banca europea a que alcance temporalmente una ratio de capital de máxima calidad ( Core Tier-1) del 9 % -frente al 5% de las pruebas de estrés realizadas en julio-, con lo que se verá obligada a conseguir unos 100.000 millones de euros en nuevos fondos con el objetivo de que pueda resistir a la quita griega y a la crisis de deuda.
Las nuevas necesidades de recapitalización de la banca derivan de aplicar una depreciación de la deuda pública de Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, en distintas proporciones, en los balances de los bancos europeos. La depreciación oscilaría desde 50% o 60% para Grecia hasta el 5% en Italia y por debajo del 2% para España. Los bancos, para quienes la deuda soberana tenía hasta ahora la consideración de un activo libre de riesgo, tendrían que aprovisionar sus carteras para hacer frente a una depreciación de su inversión en deuda española del 2%.
El plan se encuadra en la estrategia global para frenar la crisis de deuda en la Eurozona, que será debatida en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de hoy. Los líderes europeos tienen además otra reunión marcada para el miércoles.
El plan de recapitalización afectará en España, según dio a entender ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a los cinco bancos más grandes por volumen de activos; BBVA, Santander, Caixabank, Bankia y Popular, que acaba de lanzar una OPA para absorber el Pastor. Ron fue el primer banquero español en criticar las pretensiones de la UE -avanzadas hace dos semanas y transmitidas con cuentagotas en filtraciones a la prensa especializada- y en advertir de que la crisis del euro se debe a Grecia y a la falta de liderazgo de la Eurozona, no a la situación de la banca.
Salgado adelantó que Europa ha permitido que se contabilicen como capital los "híbridos de gran calidad" y que se aplique un descuento inferior al 2% sobre el precio del mercado de la deuda soberana española en manos de la banca. Banco Popular tiene algo más de 8.000 millones de euros en deuda española y como el resto de las entidades permanece a la expectativa sobre el acuerdo que finalmente salga de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. La ministra evitó cuantificar las necesidades de capital de la banca española, que tiene que calcular, dijo, el Banco de España. "Una cifra del 9% estaría dentro de lo que nosotros consideramos que es razonable", dijo la vicepresidenta, que recordó que a los bancos españoles se les exige ya un ratio de entre el 8% y el 10% y que el plan "sólo afectaría a las entidades sistémicas".
Los bancos que no cumplan con los requisitos tendrán un plazo -de entre 3 y 6 meses- para captar capital, primero por vías privadas, luego con ayudas de sus estados y en último caso con cargo al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). El plan incluye además reforzar el fondo de rescate con el objetivo de contener el contagio a Italia y España. A cambio de este refuerzo, los líderes europeos presionan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sobre todo al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para que adopten más medidas de reducción del déficit.
Las fuertes diferencias entre Francia y Alemania se han ido reduciendo en las últimas horas a favor de la postura de Berlín, pero no se espera que el Consejo Europeo apruebe definitivamente el plan hoy. El motivo esgrimido en público es que el Parlamento alemán debe dar su visto bueno previo a las medidas. Por ello se ha convocado una segunda cumbre el miércoles 26 de octubre. La pieza final del acuerdo y sobre la que todavía persisten diferencias es el refuerzo del fondo de rescate. Francia ha renunciado a que se recurra al Banco Central Europeo (BCE) para multiplicar la potencia de este mecanismo, una alternativa que rechazaba tanto Alemania como el propio presidente saliente del BCE, Jean-Claude Trichet. Sobre la mesa quedan sólo dos opciones; usar el fondo para avalar parte de las emisiones de deuda de Italia y España o constituir un vehículo especial para atraer inversiones de países del Golfo y asiáticos que quieran colaborar en la resolución de la crisis de deuda.