La multinacional del aluminio Alcoa inició ayer la cuenta atrás para hacer efectivo el despido colectivo de los 815 trabajadores con los que cuenta en las fábricas de A Coruña (395) y Avilés (Asturias), los restantes 420. La dirección de la compañía aportó a los representantes sindicales la documentación con la que justifica el expediente de extinción de empleo para la totalidad de la plantilla de sendas factorías en una reunión que se celebró en Madrid y a la que no acudió el comité de empresa de A Coruña ante la "falta de tiempo" para tratar la situación con sus asesores y después de que la cúpula de la aluminera rechazase aplazar a hoy la reunión.

El encuentro sirvió para constituir la mesa negociadora, integrada por trece miembros, y para que los representantes de la compañía explicasen a la plantilla que no hay novedades sobre la puja extraordinaria de la interrumpibilidad que prevé celebrar el Gobierno. Un proceso que se presenta como solución al resultado del anterior, en el que Alcoa no logró los incentivos eléctricos necesarios para garantizar la rentabilidad de las factorías coruñesa y asturiana, lo que provocó la amenaza de cierre. Los representantes de la aluminera aseguraron desconocer la fecha y las condiciones de la nueva subasta eléctrica, la puja que anunció el pasado 26 de noviembre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y a la que se aferran los trabajadores para ver despejado su futuro en 2015.

Los sindicalistas salieron de la reunión con la misma incertidumbre con la que llegaron a Madrid. En un mes, y a expensas de esa segunda oportunidad de reparto de los incentivos eléctricos, Alcoa echará el cierre en A Coruña y Avilés. O al menos, el trámite legal para despedir a toda la plantilla estará cumplido. Por ello, todas las miradas están puestas ahora en el Boletín Oficial del Estado, donde saldrán publicadas las condiciones de la segunda puja. La clave consiste en ver si sus bases podrán satisfacer las necesidades de Alcoa, que espera obtener retribuciones por valor de unos treinta millones de euros para sus plantas de A Coruña y Avilés.

La primera reunión formal del periodo de consultas del ERE certificó lo que la plantilla ya se temía: que las fábricas cerrarán y todos los empleados serán despedidos si no hay novedades. Y la causa que justifica estas medidas, según la empresa, es la propia subasta. La documentación aportada a los representantes sindicales indica que el expediente "podría afectar al 100% de la plantilla" y argumenta la medida por "causas productivas y técnicas" ante la ausencia del servicio de interrumpibilidad -el sistema por el que las industrias reciben dinero por reducir o suspender sus consumo eléctrico cuando el sistema no da cubierto la demanda-, "unido a una tecnología menos eficiente y menor capacidad de producción" en A Coruña y Avilés. "Lo que provoca que a partir del 1 de enero no puedan producir a un precio competitivo", explicaron fuentes de Alcoa. Según sus cálculos, producir una tonelada de aluminio le saldrá 500 euros más caro que con los incentivos eléctricos.

La dirección de la multinacional, sin embargo, sostiene que durante el periodo de consultas del despido colectivo estudiará "las oportunidades que se presenten", como la celebración de esa posible subasta. Mientras tanto, matiza, tiene que gestionar la situación actual, derivada de la primera puja, y que deja a la compañía sin retribuciones por el servicio de interrumpibilidad. "Trabajamos para reducir el impacto del proceso en curso y alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes", indicó una portavoz de la firma.

Los responsables de Alcoa reconocen que mantuvieron contactos con el Ministerio de Industria la semana pasada para informarle de lo que necesitaba la compañía para que las fábricas fuesen viables: bloques de 90 megavatios (MW) interrumpibles a un precio "adecuado". De momento, sin embargo, no ha habido respuesta del departamento que dirige Soria, por lo que la aluminera desconoce cuándo será la segunda puja y en qué condiciones se celebrará.

Para los representantes de la plantilla la reunión no supuso novedades, al margen del "tocho" de folios y un CD de documentación que los comités de empresa de A Coruña y Avilés estudiarán en los próximos días. En el caso de los representantes de la plantilla coruñesa, la documentación que justifica el ERE llegó a la sede de la planta de A Grela "en taxi y alrededor de las 16.00 horas" de ayer, más o menos a la hora en que comenzaba la reunión en Madrid. "Los directivos de Alcoa son un poco atrevidos porque, ¿ellos qué sabían si finalmente íbamos a estar o no en la reunión? Y nos llega a nosotros la documentación antes que a los negociadores. Hay cosas que no tienen sentido", lamentó el presidente del comité de empresa de A Coruña, Nazario Arias, que sí asistirá a futuras reuniones del periodo de consultas.

Precisamente, el próximo encuentro entre patronal y sindicatos será el próximo lunes en León, a medio camino entre Madrid y Galicia y Asturias, después de que las plantillas pidiesen negociar por separado en cada una de las plantas. Ante la negativa de la firma, los trabajadores propusieron la fábrica de San Cibrao (Lugo), no afectada por el ERE, pero Alcoa también rechazó la propuesta al entender que podría haber presión social -manifestaciones de los trabajadores ante la planta-. Finalmente las dos partes acordaron reunirse en León.