Dos multinacionales promueven cultivos de maíz transgénico en A Coruña y Lugo

En las últimas semanas, comerciales y distribuidores de Monsanto (multinacional con sede en la ciudad estadounidense de Missouri) y de la también estadounidense Pioneer han celebrado varias reuniones con agricultores y ganaderos de las comarcas de Ordes, A Terra Chá, Chantada y Arzúa. En estos encuentros, que en algunos casos incluyen comida y regalos para los asistentes a cuenta de la compañía, los comerciales exponen a los ganaderos los beneficios de sus productos transgénicos y presentan sus expectativas de mercado para Galicia: vender en cuanto puedan un tipo de maíz resistente a las malas hierbas o que necesita menos abono. Según las empresas, el maíz plantado con estas semillas transgénicas es un 20% más productivo que el convencional y tiene un 25% menos de coste, debido al ahorro en herbicidas como el Rondoup.

Se trata de productos diseñados específicamente para el campo gallego, y que tanto Monsanto como Pioneer han estado probando en parcelas de varios concellos de Lugo, A Coruña y Pontevedra en los últimos años. Sin embargo, ninguna de esas dos empresas tienen todavía autorización de Bruselas para comercializar en la UE este tipo de maíz, y de momento sólo pueden plantarlo de forma experimental y con el único objetivo de registrar la patente. Así, los portavoces de las multinacionales ofrecen dinero a los ganaderos gallegos a cambio de que estos les cedan o alquilen parcelas en las que poder hacer los cultivos experimentales y, en el futuro, las plantaciones comerciales. Ese mismo proceso fue el que se siguió en otras zonas de España como el valle del Ebro o Andalucía, donde hace casi 15 años Monsanto, Pioneer y otras empresas que producen alimentos transgénicos como Syngenta, comenzaron a hacer ensayos con cultivos de maíz resistente al taladro, una plaga que puede llegar a estropear hasta un 15% de una plantación tradicional, pero que no afecta al campo gallego. Una década después, este tipo de maíz transgénico antitaladro (conocido como maíz Bt) se planta y se vende de manera industrial en buena parte de España: el año pasado se cultivaron 80.000 toneladas de maíz Bt en todo el Estado. En Galicia no se siembra ese tipo de cereal, porque el maíz gallego no sufre los ataques del taladro. Pero tanto las empresas como fuentes del sector agrario admiten que, de aprobarse la comercialización de las variedades que Monsanto y Pioneer están experimentando en Galicia, se popularizaría su cultivo en los campos de la comunidad, dado que precisamente las malas hierbas es uno de los principales problemas que afectan al maíz gallego

Monsanto y Pioneer comenzaron sus experimentos en Galicia hace al menos cinco años. Desde entonces, han plantado maíz transgénico, con la preceptiva autorización del Ministerio de Medio Ambiente, en los ayuntamientos de Arzúa, Arteixo, Mesía, Val do Dubra, Ribeira, Touro (A Coruña), Chantada, Vilalba, Castro de Rei (Lugo) y Lalín (Pontevedra), aunque la localización exacta de estas fincas es un gran misterio pese a las denuncias de los ecologistas y de los ayuntamientos afectados, en la mayoría de los casos se trata de plantaciones de entre 0,1 y 0,3 hectáreas que se cultivan en la misma parcela sólo durante un año, pasado el cual el maíz se quema y se entierra bajo tierra. Además, para evitar que con el viento y la polinización el maíz transgénico contamine al tradicional, los campos de los ensayos han de estar situados como mínimo a 200 metros de las otras plantaciones de maíz convencional.

Este año el Ministerio -el organismo competente para autorizar los ensayos con transgénicos- no avaló la continuación de los experimentos en A Coruña y Lugo, en parte debido a la oposición del anterior Gobierno gallego a estos cultivos. De hecho, en noviembre del año pasado el Parlamento gallego aprobó una declaración, con la votación unánime de los tres partidos, en la que los diputados se oponían al cultivo de productos transgénicos en la comunidad, sean para consumo humano o animal -la mayor parte del maíz plantado en Galicia se usa como forraje para alimentar al ganado-.

Sin embargo, tanto Pioneer como Monsanto confirmaron a este diario que solicitarán de nuevo el permiso para seguir experimentando con maíz transgénico en Galicia, por lo que el futuro de las plantaciones en la comunidad dependerá en buena parte de la postura que tome la nueva Xunta. Desde el Servizo de Sanidade e Produción Vexetal, se limitan a subrayar que se trata de un asunto "delicado".

Las empresas que reciben la autorización del Ministerio de Medio Ambiente para cultivar maíz u otros productos transgénicos de forma experimental no están obligadas a comunicar su intención al Ayuntamiento en el que se ubicará la plantación. Así, en la mayoría de los concellos gallegos en los que las multinacionales han realizado cultivos experimentales, los alcaldes y otros responsables del Gobierno local se enteraron de la noticia "por la prensa". "Estamos indefensos, ni siquiera sabemos dónde están los cultivos. El Ministerio tiene las competencias y hace lo que le da la gana sin informarnos", dice Leonardo Bermúdez, concejal en Arzúa, uno de los objetivos de los ensayos de Monsanto.

En una situación parecida está Chantada, donde Pioneer plantó el año pasado 0,3 hectáreas de maíz transgénico para registrarlas como patentes. El concejal Ildefonso Piñeiro está impulsando la aprobación de una ordenanza municipal que declare los cultivos transgénicos como "actividades insalubres", y ha escrito al Ministerio para que le revele "exactamente en qué lugares" se plantó maíz modificado genéticamente. Además, se da la circunstancia de que Chantada es uno de los 13 ayuntamientos gallegos que se declararon en sus respectivos plenos "zona libre de transgénicos", junto Lalín, O Grove, Silleda, O Irixo, Val do Dubra, Ames, Teo, Negreira, Riotorto, Verín, Forcarei y Ribadavía. Sin embargo, esta medida no tiene validez legal. Desde el Sindicato Labrego Galego, una de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Galega Antitransxénicos, Charo Rodríguez recuerda que "hay sentencias que obligan a las Administraciones a publicar la ubicación exacta de estas parcelas".