La Xunta ordena tirar los 52 chalés de una urbanización a pie de playa en O Grove

El motivo radica en que los constructores no han atendido la petición de restitución de la legalidad emitidos por la Xunta hasta ahora. El terreno contaba con licencia para la construcción de un apartahotel, pero los constructores decidieron construir chalés individuales. Esa decisión viola la norma urbanística porque divide la parcela en 52 partes diferentes, algo prohibido en suelo rústico como el que ocupa la construcción.

La decisión aún no es firme. Los afectados ya han confirmado que presentarán recurso contencioso-administrativo contra la orden porque consideran que han respetado la ley y que todas las licencias y permisos están en regla. Dicen que "se discute el uso que se da a la urbanización", pero ésta no corre peligro porque contaban con licencia de aparthotel concedida en 1992.

La de Raeiros y Balea es una conocida urbanización envuelta en polémica desde entonces. Al frente han estado diferentes empresas que han cambiado de nombre hasta convertirse en Inproin Galicia SL, entre cuyos máximos representantes aparece Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela.

El alcance de esta orden de demolición cobra, por tanto, una dimensión especial y más cuando el litigio iniciado por estos apartamentos está aún pendiente de resolverse por la vía judicial. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza ordenaba restituir la legalidad administrativa, es decir, corregir el uso y adaptarlo al tipo de licencias concedidas a la parcela original. Sin embargo, no se refería al derribo de los 52 inmuebles. Aquel fallo fue recurrido por Inproin ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto.

El pasado 2 de marzo, sin embargo, el entonces director de la APLU, Hipólito Pérez, firmó la resolución en la que se ordena la demolición cuando todavía ocupaba un puesto al que llegó de la mano del bipartito. Lo hizo nueve días antes de que la Xunta de Feijóo lo sustituyese por María Martínez Allegue, que trabajó en los concellos de Mos, Tui y Marín, en una decisión muy criticada por la oposición.

Desde la Xunta indicaron ayer que la resolución es perfectamente válida, con independencia del cambio de Gobierno y de responsable al frente de la Axencia.

Esa orden fue recibida en el concello de O Grove el lunes, pero no se conoció hasta ayer. Desde el gobierno tripartito municipal, liderado por el socialista José Antonio Cacabelos Rico, hicieron público el expediente y pidieron al Ejecutivo autonómico que ejecute esa demolición "por ser la competente para actuar en suelo rústico".

El caso de Raeiros ya dio mucho que hablar en 2007, cuando tras las municipales, la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil acudió al concello para recabar información sobre la urbanización. Entonces, se criticó al alcalde Miguel Pérez, del PP, y su partido consideró el caso un ejemplo de persecución política contra el regidor.

La APLU indica que la demolición debe ejecutarse en un plazo de tres meses e incluso advierte a los promotores de la posibilidad de efectuar el derribo de manera subsidiaria o de afrontar una ejecución forzosa, "mediante la imposición de multas". El expediente se inició en 2007, por lo que, según consta en la resolución del ex director de la APLU, "transcurrió sobradamente el plazo concedido para ajustar las obras ejecutadas" a las condiciones exigidas hace tres años.

Inproin, por cierto, decidió en febrero de 2007, junto a los demás propietarios del inmueble, constituirse como Sociedad Complejo Turístico Raeiros SCP, solicitando a la Xunta autorización como hotel-apartamento. Pero según la Lei do Solo de 2002 si transcurridos los tres meses no ajustan las obras a las condiciones exigidas, "el alcalde acordará la demolición de las obras a costa del interesado".

El alcalde grovense, con todo, considera que es la Xunta la que debe actuar y forzar directamente la demolición de los 52 chalés.