Empieza la cuenta atrás para el juicio por la mayor catástrofe ecológica en las costas gallegas. Y también será el mayor macroproceso judicial en la historia de Galicia. El pistoletazo de salida lo dio ayer la titular del Juzgado número 1 de Corcubión, Carmen Veiras, al abrir la fase de juicio oral del Prestige. Pero para escuchar la declaración de los acusados habrá que esperar a finales de este año o principios del próximo. Una vez las defensas presenten los escritos de calificación, se decidirá la fecha del juicio y el lugar donde se celebrará. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía Superior confían en que los imputados se sienten ya en el banquillo este año y que en 2011 esté lista la sentencia. Para entonces ya habrán pasado más de ocho años del vertido de más de 60.000 litros de fuel en aguas de Galicia.
Lo más llamativo del auto emitido ayer es la multimillonaria fianza fijada como medida preventiva para cada uno de los acusados: 1.200 millones de euros. Los cuatro están en libertad a la espera de juicio y el objetivo es asegurar el cobro de futuras indemnizaciones. Si esa fianza no la pudieran abonar los imputados, el Ministerio Fiscal la requerirá a los responsables civiles, a excepción del Gobierno central, que está eximido del pago.
La juez instructora del caso Prestige, procedimiento en el que hay más de 2.000 partes personadas, declara a la Audiencia de A Coruña "órgano competente" para la celebración del macrojuicio y mantiene como acusados al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia. Y por parte del Estado, el único imputado es el entonces director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, a quien la Audiencia de A Coruña atribuye el "rumbo suicida" del Prestige. El tribunal coruñés es tajante sobre la imputación del ex alto cargo de Fomento. "Peor imposible". Así califica la Audiencia de A Coruña la gestión de la crisis que acabó tiñendo de negro más de 3.000 kilómetros de costa. La decisión de López-Sors de alejar el buque de la costa, según la providencia dictada en octubre de 2009, fue "un error clamoroso" y un "desacierto". La "imprevisión" del ex director de Marina Mercante -añade- y su "consentimiento" y "complacencia con un rumbo suicida" provocó un resultado que "empeoró el daño ya causado al ecosistema". Por ello, López-Sors deberá sentarse en el banquillo de los acusados por delitos contra el medio ambiente y daños.
Además de delimitar los delitos objeto de acusación, los responsables civiles directos y subsidiarios, la juez también impone una fianza de 1.200 millones como medida cautelar a cada uno de los acusados y, por extensión, a los responsables civiles. Pero esa extensión tiene una excepción. Y es el Estado español que, como prevé la ley 52/1997, queda eximido de la obligación de abonar la fianza si el ex alto cargo de Fomento imputado no pudiera hacer frente a ella. Por el contrario, en el caso de que el capitán del petrolero o los dos tripulantes imputados no puedan abonar la cantidad fijada, el Ministerio fiscal la exigirá a los responsables civiles. Será a ellos a quienes les reclamará el pago de la fianza a través de los seguros; y de ser superior la cuantía exigida al límite del seguro obligatorio, se procederá al embargo de bienes. Como responsables civiles directos están la aseguradora The London Steam-Ship Ownwe Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). Y como responsables civiles subsidiarios, figuran las entidades Mare Shippinc Inc, Universe Matitime LTD y el Estado español.
Una vez que las defensas presenten los escritos de calificación, el juzgado remitirá a la Audiencia de A Coruña el procedimiento. Será entonces cuando se fije la fecha y el lugar donde se desarrollará el juicio. El dónde celebrar el proceso es una de las cuestiones que deberá resolverse en los próximos meses. El hecho de que no haya precedentes en Galicia de un macrojuicio de tal envergadura añade más dificultades a la organización. Será la Audiencia de A Coruña la que tendrá que decidir qué sala puede dedicarse en exclusiva al proceso durante meses y reúna las condiciones tanto de espacio como de medios tecnológicos necesarios para poder acoger a todas las partes implicadas.
