La Xunta sacó obras a concurso por valor de 238 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que representa un recorte del 40,7% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados ayer por la patronal de constructoras Seopan. En la comunidad gallega el Gobierno autonómico fue el principal licitador por detrás de los fondos estatales y en julio el Gobierno central sacó a concurso obras por 152 millones de euros. El ahogo financiero de los municipios obligó a limitar la obra pública y destinar a este fin unos 145 millones de euros en lo que va de año, y por tanto, un 30% menos que la inversión del Ejecutivo gallego.
La Administración autonómica prima a las provincias de A Coruña y Pontevedra que copan más del 30% de los contratos cada una con 75 y 79 desde enero a julio respectivamente. Les sigue Lugo que se lleva un 20% de la inversión en obra pública y a bastante distancia Pontevedra con apenas un 8%. Sin embargo, en el julio solo en las dos primeras hubo licitación por valor de nueve millones en el caso pontevedrés y menos de uno en la provincia coruñesa, mientras que en Lugo y Ourense no hubo ningún contrato nuevo, algo que no había pasado en ningún mes de este 2011.
Por otra parte, la Administración coruñesa ha sido la que más ha aumentado las licitaciones con 61 millones de euros, el doble que Pontevedra. Las diferencias entre los contratos de la Xunta y de las entidades locales varían en cada provincia, siendo el caso más acusado el de Ourense donde el Ejecutivo gallego ha licitado obras por valor de 30 millones frente a los ocho de la Administración local.
Medio Ambiente
La Asociación Profesional de Empresas Medioambientales (Aproema) presentó ayer en Vigo un estudio enmarcado en el proyecto Galicia Merca Verde, en el que se pone de manifiesto que sólo un 29,4% de los concursos públicos convocados en la comunidad gallega en los últimos meses han tenido en cuenta criterios ambientales. Según el informe, todavía "queda mucho camino por andar" en Galicia, tanto por parte de la Administración como por parte de las empresas para que crezca y se consolide un "mercado verde". De hecho, en Galicia sólo hay dos empresas con productos que cuentan con ecoetiquetado europeo.
