En cuestión de horas, el PP nacional y la Xunta rectificaron ayer su postura sobre la demanda de las comunidades autónomas de aplazar el pago de la deuda que tienen contraída con el Estado, que asciende a unos 23.000 millones de euros -de los que 2.175 corresponden a Galicia- y que tienen que saldar entre los años 2012 y 2016. Ahora supeditan la ampliación del plazo a tener un conocimiento exacto del estado de las cuentas públicas, cuando durante el último año, con Zapatero en Moncloa, nunca habían puesto condiciones a su reclamación.
A primera hora de la mañana, el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, avanzaba que el Gobierno de Rajoy tenía previsto ampliar el plazo de devolución de la deuda "en torno a diez años" para evitar el "colapso" de las haciendas autonómicas. Pero a mediodía, el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas, moduló las declaraciones de Moreno, al aclarar que Rajoy no abordará el aplazamiento de la deuda de las comunidades autónomas hasta que el nuevo Ejecutivo no conozca el "estado real" de las cuentas públicas.
El mismo argumento que Arenas lo empleó, a media tarde, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, si bien por la mañana, la Consellería de Facenda había calificado de "buena noticia" el anuncio realizado por Juan Manuel Moreno. "Estas cuestiones se tienen que ver en un contexto de conocimiento exacto de las cuentas públicas, del cierre del ejercicio consolidado y de las previsiones macroeconómicas para 2012", declaró Feijóo.
La demanda de prorrogar el pago de la deuda la encabezó Galicia y a ella se sumaron, ya antes del verano, las demás comunidades del PP y otras gobernadas por el PSOE, que incluso hicieron un frente común, aunque sin éxito, para lograr un aplazamiento por parte del Ejecutivo de Zapatero. La demanda fue asumida por el PP nacional y el propio Mariano Rajoy la asumió como propia.
Pero ayer no se trató en la reunión que Rajoy mantuvo en Madrid con los barones regionales del PP, a la que no asistieron los presidentes de la Xunta y de Murcia y el líder de los populares vascos. Arenas insistió en que es un tema que "se abordará desde la buena voluntad", pero sin confirmar que se vaya a aprobar el aplazamiento. Garantizó que "existe buena voluntad", pero recalcó que "no se puede afrontar" hasta que no conozcan "el estado real de las cuentas públicas en lo que significa el déficit y la evolución de la tesorería".
Según Arenas, ni los barones autonómicos sacaron a colación esta demanda ni Rajoy tampoco la mencionó. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, subrayó, por su parte, que nadie planteó además una fecha para celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, como tampoco la posibilidad de adelantar a las comunidades el fondo de competitividad que algunas ya han solicitado.
Sin embargo, las declaraciones de Moreno, en una entrevista a TVE, iban en otro sentido. "Como ahora no hay tesorería y las comunidades autónomas la necesitan, vamos a dar un plazo en esas devoluciones que puede estar en torno a los diez años", aseguró el coordinador de Política Autonómica del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, porque una de las prioridades del nuevo Ejecutivo será "intentar flexibilizar al máximo toda la situación financiera que tienen las administraciones públicas, tanto las autonómicas como las locales, para evitar un colapso".
"Si no, nos veremos abocados a un colapso financiero de las administraciones públicas con lo que ello conlleva de repercusión directa al conjunto los ciudadanos", advirtió, para reiterar que se trata de un problema "brutal" para las comunidades autónomas.
