Las cuentas de la Xunta para este ejercicio comenzaban con una advertencia sobre lo que venía por delante. "La situación económica nacional e internacional en el momento de elaborar estos presupuestos no puede ser más compleja", apunta la ley de acompañamiento, que carga las culpas en "la tardanza en reconocer los graves desajustes estructurales" del mercado inmobiliario, la banca y el sector productivo "en general" y, "más aún", en la falta de respuesta con "una huida hacia delante". Pese a que también en la norma que mueve los fondos autonómicos anuales se insiste en el "diferencial" de Galicia respecto al resto de comunidades y el "adecuado desempeño fiscal" que evitó "recortes o impagos dramáticos", el ajuste parece una condición obligada en la senda del cumplimiento del déficit ante la caída en los ingresos en San Caetano. En este año tan complicado que vaticinaba la Consellería de Facenda, la tijera al total del gasto asciende prácticamente a 2.000 millones de euros, según las cifras de contabilidad regional que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda.
Lo que representa el cuarto mayor descenso entre todas las autonomías. Un 22,8%, por detrás del recorte aplicado en Andalucía (24,3%), Castilla y León (23,2%) y Madrid (23,1%). Precisamente ahí está una de las explicaciones a la importante bajada del déficit público entre septiembre de 2012 y el tercer trimestre de 2013 en Galicia. De 644 millones de euros a 447 millones, el 0,81% del Producto Interior Bruto (PIB), a distancia todavía del 1,2% de límite que la Xunta dispone tras el reparto a la carta acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tanto la titular de Facenda, Elena Muñoz, como el presidente Alberto Núñez Feijóo, mantienen que se va a cumplir.
El déficit público de Galicia experimentó un descenso del 30,6% el último año, frente al 3,3% en el conjunto de las regiones. Como es habitual en este tipo de radiografías, al igual que en la del endeudamiento o la evolución de los ingresos tributarios, a la hora de comparar medias es importante tener en cuenta lo que ocurre en los territorios más grandes. Y en la suma de todas las comunidades tiene mucho que ver que Madrid, con 1.800 millones, acumule un alza superior al 39%; otro 10,7% la Comunidad Valenciana, con una necesidad de financiación de 1.025 millones; y que Cataluña, donde asciende a 2.660 millones, solo haya disminuido su déficit en este último año un 7,8%.
Las regiones están gastando a estas alturas una cuarta parte menos que doce meses atrás. Las que menos, Canarias, donde la reducción, según los balances de Hacienda, es de un 16%; seguida de Cantabria, con un 13,3%; uno 11,7% en La Rioja; un 0,8% en Navarra; y País Vasco, donde el capítulo de gasto de sus cuentas de 2013 crece un 1%. En los tres últimos casos, además, este retoque más ligero se corresponde con alzas del déficit, del 10%, 44,4% y del 231,6%, aunque la comunidad foral no puede compararse con el resto por su diferente calendario de ingresos y gastos. La caída del gasto en la Xunta es superior a la de los ingresos, que se reducen seis décimas menos, un 22,8%. ¿Donde se está aplicando el ajuste? La principal partida es la del pago de nóminas. Un 4%, hasta los 3.082 millones de euros. El desembolso para los intereses por la deuda se mantiene casi igual, con 243 millones de euros. El gasto en capital, de sus inversiones, se desploma un 23,6%. Son 647 millones de euros, cuando en septiembre de 2012 superaban los 1.000 millones.
Pese a las medidas de ahorro, la Xunta acumula hasta septiembre un incremento en bienes y servicios de casi el 23%, con 1.234 millones. El epígrafe de subvenciones registra solo 44 millones, después de una caída elevada también, del 29%. Probablemente por el efecto calendario, el resto de gastos corrientes, incluidas las transferencias a otras administraciones, pasa de 2.036 millones a 296. Habrá que esperar al cierre del año. En 2012, entre el segundo y el tercer trimestre, este capítulo saltó de 185 a 2.036 millones.
Tras conocerse el déficit, Núñez Feijóo destacó la importancia de la ejecución del presupuesto para analizarlo. Sostiene que la Administración autonómica abonó el 96% de sus obligaciones, ocho puntos por encima de la media regional.