Tras tres años de disputas y una deuda que se había multiplicado por cinco desde entonces, la Xunta ha decidido condonar 25 millones de euros que 128 concellos y una mancomunidad adeudaban al Consorcio Galego do Benestar, decisión que se produce a siete meses de las elecciones municipales y que el año pasado se aparcó en el último momento tras haber sido pactada ya con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
La ley de acompañamiento de los presupuestos para 2015 incorpora un artículo que permite a los municipios con deudas con este organismo abonar tan solo la mitad de esa carga financiera que había generado un conflicto con la Consellería de Beatriz Mato ya en 2011. La deuda asciende en estos momentos a 50 millones de euros, por lo que el Ejecutivo dejará de ingresar 25 e irá cobrando el resto durante el próximo lustro.
Fuentes Traballo desvinculan la decisión de las elecciones municipales de mayo del año que viene y la circunscriben a la liquidación del Consorcio, que se abordará el año que viene para que sus funciones sean asumidas plenamente por la Axencia Galega de Servizos Sociais, creada oficialmente este mismo año. Esa liquidación sin cerrar el conflicto de las deudas hubiese abocado a la Xunta a denunciar por vía contenciosa a los ayuntamientos, abriendo un conflicto a largo plazo.
Ya el año pasado trató de cerrar esta decisión, pero finalmente no puso en marcha la decisión aprobada por el Consello en marzo. El próximo año, sin embargo, las cuentas autonómicas contarán por primera vez desde 2009 con mayor capacidad de gasto que en 2009 cuando el PP desbancó de San Caetano al bipartito.
Concellos y Benestar mantienen un pulso desde hace años. El departamento de Beatriz Mato entendía que cuando los municipios se adhirieron al Consorcio asumían una aportación del 30% de los costes de mantenimiento de los servicios ofrecidos, que básicamente son centros de día y escuelas infantiles, aunque también se encuentra alguna residencia de mayores de menos de 40 plazas, y ejecutó el acuerdo firmado entre el bipartido y los entes locales suscritos al Consorcio -que suman 271-. Los municipios entendían que esa aportación estaba cubierta al ofrecer terrenos, personal o el pago de recibos como el de la luz.
En 2011 la Xunta envió cartas a 90 ayuntamientos reclamando un total de 10,5 millones, cifra que hasta ahora se ha incrementado a 50 millones para 128 municipios y una mancomunidad, cuyo listado no ha sido revelado por Benestar.
Ante la tesitura de liquidar y cerrar el Consorcio, la Xunta ha decidido renegociar. "Los concellos que opten por acogerse a la liquidación prevista [?] quedarán obligados a efectuar el pago de una cantidad equivalente a la mitad de las cantidades pendiente de pago en virtud de los convenios de gestión firmados en su momento con el Consorcio. Con el pago [?] se darán por cumplidas las obligaciones pendientes", indica el artículo 83 de la ley de acompañamiento.
La Xunta negocia con los ayuntamientos implicados un plan para pagar los 25 millones comprometidos en un máximo de cinco años, si bien el plazo será fijado uno a uno a través de un convenio individual. La memoria económica que acompaña a los presupuestos prevé unos ingresos de 5,2 millones en 2015 y otros 5,2 en 2016.
El objetivo de Benestar es firmar estos acuerdos a lo largo de este año y el que viene antes de liquidar el Consorcio. Luego, los municipios firmarán otro pacto con la Axencia de Servizos Sociais que cambiará el modelo y buscará ajustar mejor el coste por plaza en cada caso de la escuela o centro de día afectada, según explican fuentes del departamento que dirige Beatriz Mato.
