Pontedeume deja de ingresar un millón de euros por deudas pendientes de cobro

El Real Decreto 500/90 en su artículo 103.2 señala que los concellos podrán examinar de forma individualizada los derechos pendientes de cobro o bien fijar un porcentaje en el que se tendrá en cuenta una serie de variantes, como antigüedad de las deudas, importe de las mismas, naturaleza de los recursos, o el porcentaje de recaudación en período voluntario.

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Gabriel Torrente, fijó en las bases del presupuesto del año 2009, prorrogado en el año 2010, una serie de reglas que establecen que el porcentaje de las deudas pendientes de cobro se establecen como de difícil o imposible cobro. Dichas reglas estipulan que un 10% de los derechos reconocidos y liquidados en los últimos tres años se pueden dar por perdidos.

Dentro de este período, el correspondiente a los años 2008 y 2009, se contempla una cuantía de derechos reconocidos de 305.000 euros, con lo que la cantidad de dudoso cobro quedaría establecida en 30.500 euros.

Para las deudas pendientes con una antigüedad superior a tres años, e inferior a cinco, período relativo a los años 2005 y 2006, se establece un porcentaje del 25%, por lo que, la interventora municipal fija en su informe otros 30.000 euros correspondientes a estos dos años, tal y como admitió el concejal de Urbanismo, Eugenio Otero (responsable del departamento de Hacienda en la pasada legislatura), en el pleno celebrado el pasado jueves, en el que se aprobó la cuenta general con el apoyo de los miembros del Gobierno, que ostenta la mayoría absoluta en la Corporación local.

Otero destacó que es, sin embargo, en el periodo anterior al año 2005 (hasta el 1974), cuando se acumula una mayor cantidad de facturas pendientes, en concreto 996.373 euros. Hizo alusión también a un convenio "leonino" con Aquagest para la concesión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua que inflan también los derechos pendientes de cobro, cuyos ingresos están pendientes de cobro mientras que no se aprueben las correspondientes liquidaciones. La cantidad supera los 103.000 euros, aunque Intervención aclara que este dinero sí se ingresará.