La distancia que separa una vida más o menos tranquila de la bancarrota doméstica es, ante esta grave situación de la economía, especialmente corta. Al mes, en Galicia, casi cuatro familias se declaran en suspensión de pagos y desde el estallido de la crisis los juzgados recibieron 7.608 peticiones de ejecuciones hipotecarias, el trámite previo a perder la vivienda. Una media de cinco diarias. De ahí que el apoyo a los colectivos desfavorecidos haya dejado de ser algo así como un extra en la política pública para convertirse en prioridad de la agenda. La nueva ley de inclusión social en la que trabaja la Xunta va precisamente por ese camino. La revisión a fondo de todos los apoyos de la Administración autonómica para personalizarlos y adaptarlos también al contexto de recesión. En el abanico de ayudas directas a las familias sin recursos aparece expresamente el freno a los desahucios, con la posibilidad de recurrir a las arcas de la comunidad para abonar hasta tres meses de hipoteca. Serán, eso sí, "supuestos excepcionales" para hogares "en situación de crisis financiera insuperable" y que contarán con su propia regulación.

La medida figura en el anteproyecto de la norma dentro de los respaldos para mantener el uso de la vivienda habitual entre las personas sin recursos e incluye además el abono de "deudas de alquiler o conceptos similares". La cuantía no puede superar dos veces y medio la mensualidad del Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples (Iprem) -lo que, con el nivel fijado para 2012, suponen unos 1.331 euros-, ni tampoco pedirse más de una vez cada dos años.

Los subsidios para mejorar la habitabilidad, equipamiento mobiliario básico y "necesidades primarias" de alimentación, ropa y ajuar doméstico se mantienen desde su creación en 1991. En el primer caso, limitadas a 5.325 euros y a una solicitud cada cinco años. El techo para el resto será de 1.065 euros. El mismo que se establece para las ayudas, una de las novedades, en atención "sanitaria y sociosanitaria" que no estén cubiertas por el Sergas y los servicios sociales, "cuando se trate de tratamientos, elementos protésicos o ayudas técnicas" que sean "decisivos" para evitar "un déficit sensorial, de movilidad, de salud o una situación personal de desventaja".

El techo, de 1.065 euros, se repite para las contribuciones a "gastos extraordinarios por procesos de ajuste personal" -la ley menciona el ejemplo de la drogodependencia- y los derivados del material que los beneficiarios de la Renta de Inclusión Social de Galicia, la popular Risga, necesiten para sus tareas formativas en la búsqueda de empleo.

Porque esa es la otra principal novedad del anteproyecto. La transformación de la Risga con tres tramos diferenciados y ligados a necesidades en concreto y la reincorporación al mercado laboral. Una primera línea, personal y familiar, con el 75% de la mensualidad del Iprem (399,38 euros), a la que irían sumando un 14% más por el siguiente miembro de la familia, un 12% por el segundo y un 10% a partir del tercero. El límite será de 639 euros en este 2012, de 718,8 en caso de que existan menores, y la opción de sumar 133 euros por complemento de alquiler.

La nueva Risga contempla un tramo de inserción que obliga a cumplir, además de los requisitos generales de la prestación, con un diagnóstico de "empleabilidad". La medición del estado de salud, nivel de alfabetización, experiencia previa, capacidad y el realojo si la residencia está "calificada de tipo chabolista". La realización del itinerario hacia la reinserción laboral permite el cobro de la mitad del Iprem mensual, unos 266 euros.

El tercer tramo de esta renta, que será "gradualmente descendiente" hasta la extinción o su revisión en el séptimo mes, se destina a los que consigan un puesto de trabajo. Sus ingresos entre la ayuda y el sueldo no pueden estar por encima del 135% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, unos 865 euros.