La Policía Nacional hará evaluación psicosocial a sus agentes en A Coruña tras una denuncia laboral

El próximo mes se pondrá en marcha una evaluación psicosocial a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de A Coruña adscritos a la secretaría general de la Comisaría Provincial. La compleja situación laboral que viven los funcionarios motiva la realización de esa iniciativa, que fue solicitada por los sindicatos policiales desde marzo de 2023 pero que no fue aceptada por la Dirección General de la Policía y la Jefatura Superior de Galicia hasta que el pasado diciembre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo.

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Aunque en principio la evaluación afectará al personal de la secretaría general —en el que se encuentra el que tramita el DNI, el de formación, servicios generales y funcionarios de la comisaría—, fuentes consultadas por este periódico señalan que este tipo de actuaciones se llevan a cabo con toda la plantilla de la comisaría provincial. El SUP solicitó una aclaración en este sentido, pero no consiguió una respuesta satisfactoria, aunque destaca que es la secretaría general donde es más urgente realizar el análisis del estado de los agentes, debido a las quejas expresadas por ellos.

Para Roberto González, secretario general del SUP en Galicia y delegado de prevención de riesgos laborales en el comité de seguridad y salud laboral de la Policía Nacional en la comunidad gallega, en este cuerpo en A Coruña existe un “ambiente laboral adverso”. La denuncia presentada por este sindicato culmina un proceso que se inició en marzo de 2023 por el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que en la reunión del comité de seguridad y salud laboral presentó la primera petición de evaluación psicosocial.

La reorganización que se acometió en el seno de la Comisaría Provincial, que implicó el traslado de departamentos y agentes a las instalaciones de Lonzas y cambios en la dinámica de trabajo de la Policía Nacional en la ciudad generó un amplio descontento en el cuerpo. Así, se anunció que desaparecerían las comisarías de distrito y luego se dio marcha atrás pero se las orientó a trabajar por tipos de delitos en lugar de por una demarcación territorial y finalmente se pospuso la decisión sobre el modelo de funcionamiento.

También se ordenó que el edificio de avenida do Porto acogiese todos los servicios dependientes de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, mientras que el de Lonzas albergaría los de la Comisaría Provincial, lo que obligaría a llevar al centro de la ciudad a la Unidad de Intervención (los antidisturbios), los Grupos Operativos Especiales de Seguridad y el Grupo de Explosivos, lo que se consideraba imposible por el número de agentes, vehículos y medios que habría que instalar allí. Esa decisión también afectaría a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ya que debería trasladarse a Lonzas cuando la Ley exige que se ubique en el puerto, donde se ubica un Puesto Fronterizo Marítimo.

El SPP advirtió en ese momento que se había creado “una situación de inseguridad laboral y jurídica, de preocupación y de inquietud y estrés en los funcionarios”, así como “posibles problemas relacionados con la conciliación familiar en el caso de traslados de ubicación”, de forma que se habían producido “diferentes estados de tensión que pueden afectar a la salud de los funcionarios policiales de la plantilla de A Coruña”.

El sindicato añadía que el problema afectaba “a gran cantidad de funcionarios de todas las escalas y categorías, por lo que podría fácilmente afectar también a la eficacia y operatividad de las unidades policiales” de A Coruña.

Ante la falta de respuesta de los responsables del cuerpo, en la siguiente reunión, en mayo de 2023, el SUP reiteró esa petición, al igual que en la de octubre, aunque de nuevo sin éxito. Por esta razón, en diciembre el sindicato presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo en la que detalló que en la secretaría general de la Jefatura Superior de Policía se habían producido “al menos cuatro incapacidades temporales por motivos psicológicos en un espacio muy corto de tiempo”, datos que el SUP no pudo cuantificar de modo exacto porque no se le proporcionaron los datos requeridos en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral.

También se mencionó la apertura de “varias informaciones reservadas o expedientes disciplinarios a funcionarios dependientes de la Comisaría Provincial”, la “distribución desigual de la carga de trabajo entre el personal adscrito a la propia secretaría general”, así como la “falta de liderazgo y deficiente gestión del mando y de los conflictos por parte del comisario provincial de A Coruña” con el personal de la secretaría general de la comisaría y del adscrito a la misma.

También citó el sindicato los “comentarios desconsiderados, críticos y de falta de apoyo hacia el personal” por parte del responsable, la “falta de resolución de las cuestiones elevadas a la Comisaría Provincial” y el “nulo seguimiento de las propuestas de mejora” efectuadas por los policías y los sindicatos sobre las condiciones de trabajo en la comisaría.

La denuncia también hizo referencia a la “ausencia de respuesta a los escritos sindicales y falta de colaboración con la secretaría del Consejo de Policía” a las cuestiones que requerían la intervención de la Comisaría Provincial, el retraso en la redacción de las actas de las reuniones trimestrales del comité de seguridad y salud laboral y la “desmotivación de parte del personal policial” de A Coruña.

Tras la presentación de esta denuncia el 20 de diciembre, el SUP recibió el 22 de enero pasado una comunicación de la jefa de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y protección socio-sanitaria en la que se le informaba que se realizaría la evaluación psicosocial del personal de la Comisaría Provincial.

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