La Xunta negociará el tope a los alquileres que el PP rechaza aplicar en sus comunidades

El Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta declarar el municipio como zona residencial tensionada, una posibilidad prevista en la Ley de Vivienda que permitiría, entre otras medidas, congelar los precios de los alquileres ya existentes y aplicar a grandes tenedores y nuevas viviendas que accedan al mercado un límite de precio en base al Índice de Precios de Referencia estatal. Pero este viernes, el Partido Popular emitió un comunicado en el que afirmó que las comunidades autónomas en las que gobierna, y que incluyen Galicia, no aplicarán este límite de precios, que, consideran, reducirá la oferta y conllevará un “suicidio inmobiliario”. ¿Quiere decir esto que A Coruña no será una zona tensionada? No, porque el Gobierno gallego manifestó ayer que, aunque no está de acuerdo no lo hará de oficio, está abierto a tramitar las peticiones municipales siguiendo la ley, e invita a los Ayuntamientos a una reunión el martes para negociarlo.

Para declarar una zona como tensionada, la Xunta exige una iniciativa municipal, y no considera que la petición coruñesa sea válida. Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó este viernes que la Xunta había denegado su solicitud. Para entender la maraña de declaraciones contradictorias del viernes es necesario repasar la historia de la Ley de Vivienda, y la posición del Concello y de la Xunta; esto, además, ayuda a entender por qué la iniciativa de restringir los alquileres lleva cinco meses sin avances.

El Gobierno gallego se manifestó desde un principio en contra de la norma, que, según consideraba, iba a retirar pisos del mercado de alquiler. El Concello pidió a inicios de octubre declarar el conjunto de la ciudad como mercado residencial tensionado, lo que permitiría aplicar en todo el municipio la congelación de los arrendamientos ya existentes, el tope de alquileres y bonificaciones fiscales a propietarios que saquen sus viviendas al mercado. Lo hizo a través de una carta firmada por el edil de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage, que denunciaba el “especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda” y pedía medidas para “contener o reducir el precio”. Esta carta no hacía referencia a los requisitos que contempla la ley para zonas tensionadas (y que A Coruña cumple). Solo mencionaba el número de demandantes de vivienda pública en ese momento.

El Concello de A Coruña pide congelar los alquileres y aplicar rebajas fiscales a quienes disminuyan los precios

La Xunta consideró que esa petición no estaba “debidamente motivada ni justificada” y que no estaba acompañada por ningún “documento técnico”. Además, afirmaba que la Ley de Vivienda no especificaba de forma clara si era el Gobierno autonómico el que debía autorizar la declaración de zona tensionada. Pero en noviembre la Xunta admitió que le correspondía realizar esta declaración, algo sobre lo que el Ayuntamiento afirmó que se alegraba “de que rectifique”. Descartó declarar zonas de oficio, pero estableció un procedimiento para hacerlo “previa solicitud del Concello interesado”, obligándolo a realizar trámites.

Así, el Ayuntamiento interesado debe analizar la situación de los precios de alquiler y venta, así como de la renta de las familias, para “medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada”, analizar las deficiencias del mercado y abrir una mesa con la patronal. En concreto, con agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas y promotores, colectivos todos ellos que, en el caso de A Coruña, están en contra de la declaración. En todo caso, desde entonces, han transcurrido casi cuatro meses en el mismo impasse: ni el Concello inicia el proceso por los trámites establecidos, escudándose en que ya ha hecho una solicitud, ni la Xunta actúa de oficio.

Este viernes el BOE publicó la relación de zonas tensionadas ya declaradas en base a la Ley de Vivienda, todas en Cataluña, y empezó una ronda de declaraciones políticas sobre la norma y sobre la petición coruñesa. Así, la vicepresidenta segunda de la Xunta y concelleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, afirmó que “es una mala ley”, un “auténtico fracaso” y que está recurrida “por Galicia y otra siete comunidades porque entendemos que es anticonstitucional”.

¿Cuánto bajarían los alquileres en A Coruña con el tope de precios del Gobierno?

Pero también afirmó que “tenemos que cumplir la ley”, y tramitarla, aunque no estén de acuerdo. En el caso de A Coruña, afirmó, el Concello “nos tiene que hacer el aporte del estudio al que la ley le obliga” para poner en marcha la declaración, y defendió que la solicitud “en todo caso no puede ser” para todo el municipio porque no “cumpliría” los requisitos. Fuentes de la Xunta puntualizan que la realidad del mercado inmobiliario en diferentes partes del municipio es heterogénea y que “parece que no sería muy lógico” aplicar las restricciones a toda el área.

Vázquez también afirmó que la próxima semana el Gobierno gallego se reunirá con los Ayuntamientos interesados y con “el sector”, para explicarles la tramitación y presentarles “estudios” de la Xunta. En la jornada de la próxima semana, señala el Gobierno gallego, se expondrá “lo que defendió la Xunta desde el principio: que no va a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado, pero que tampoco se opone a su declaración y reconocimiento”. Siempre, aclara la Xunta, que “las solicitudes de los Concellos interesados estén debidamente argumentadas y justificadas”, y acompañadas de estudios y análisis “que exigen tanto la ley estatal como la normativa autonómica”.

“Nos han dicho que no”

Mientras, la alcaldesa, Inés Rey, afirmó este viernes que A Coruña es la tercera ciudad de España con “más alza de precios” y criticó las posturas del PP y de la Xunta. Sobre el Gobierno gallego, afirmó que “a la solicitud que le hemos hecho nos han dicho que no, no consideran que A Coruña sea mercado tensionado”. Como en anteriores ocasiones, el Gobierno local no respondió ayer a las preguntas de este diario acerca de si ha empezado el procedimiento establecido para pedir la declaración, o si lo está preparando.

Mientras continúan las declaraciones políticas por una parte y otra, los precios medios de los nuevos alquileres en todos los barrios de la ciudad ya han superado la barrera de los 500 euros. En algunas zonas se superaron los 800.

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