El Gobierno se abre a "reestructurar" la deuda de Langosteira sin concretar si la perdona

El ministro de Transportes avanzó que trabaja en un convenio con la Xunta y el Concello para trasladar la actividad de los muelles interiores al Puerto Exterior y en consensuar el mecanismo para diseñar la fachada marítima

Marta Otero Mayán

El ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó este jueves en A Coruña que el Gobierno estudia "reestructurar la deuda" que la Autoridad Portuaria mantiene con Puertos del Estado por la construcción de la dársena exterior de Punta Langosteira. Puente, no obstante, no concretó si sobre la mesa está la posibilidad de perdonar lo adeudado, un medio al que el Gobierno se ha negado tajantemente en ocasiones anteriores.

El ministro de Transportes presentó en el Palacio de María Pita el plan director del Corredor Atlántico, donde avanzó los procesos en marcha entre las tres administraciones en lo relativo al desarrollo del puerto exterior y la viabilidad económica del ente portuario. En este sentido, Puente situó como "urgente" dar una solución "basada en el valor social" de la transformación de los muelles interiores" que haga viable, puntualizó, "la situación económica financiera de la Autoridad Portuaria".

La posibilidad de "reestructurar" esta deuda, que no de condonarla, tal y como piden algunos sectores políticos y sociales, que exigen el mismo trato que tuvo en su día Valencia, -a quien el Estado perdonó 350 millones -, es uno de estos frentes. El titular de Transportes adelantó que el Gobierno trabaja en un convenio, junto a la Xunta y el Concello, para trasladar la industria portuaria interior al puerto exterior, "que ya mueve el 60% de la actividad portuaria", y que creció, señaló, "un 400% en los últimos dos años".

El tercer frente, que deriva del segundo, es la ordenación de la fachada marítima tras la desafectación de estos terrenos. Un plan para cuyo diseño convivencia entre "sendas peatonales, zonas deportivas y verdes" con edificación y hostelería, con el objetivo, reconoció, de "devolverle un poco a la ciudad lo que no disfruta", debido a que la localización urbana de los muelles "hurta a los ciudadanos" su uso y disfrute. Óscar Puente manfiestó que el Gobierno busca un "uso consensuado" de las 80 hectáreas liberadas, a través de un "instrumento jurídico integrador de las tres administraciones" que garantice el éxito de la reordenación del borde litoral, lo que no cierra la puerta a la constitución de un consorcio gestor, tal y como demandan algunas voces.

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