Los topes de precios del Gobierno restaron 1.000 millones extra para las eléctricas

El Gobierno puso en marcha durante la crisis energética un sistema para evitar posibles beneficios extraordinarios de las eléctricas en plenas oleadas de subidas de precios. El Ejecutivo trataba de impedir que algunas compañías aprovecharán la escalada histórica de precios energéticos para disparar sus ingresos de forma abusiva, así que estableció un precio tope para los contratos de venta de electricidad, adelantándose a la Unión Europea y fijando límites más estrictos que los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros.

La CNMC, encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector eléctrico, confirmó que las minoraciones forzosas de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones entre octubre y diciembre de 2021, que fueron de 370,4 millones en el conjunto de 2022 y ahora ha desvelado que las devoluciones forzosas se dispararon hasta los 560,1 millones en 2023, el último año de vigencia de la medida (230 millones por encima de las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica).

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