Ignacio A. Picatoste Sueiras: "Los ciudadanos abusan demasiado a la hora de acudir a la justicia gratuita"

-Ya he estado seis años trabajando en la Secretaría y conozco el día a día de la asociación. Pretendo que las puertas sigan estando siempre abiertas para consultas y peticiones de cualquier juez de Galicia. Tenemos que exponer los problemas como colectivo porque entendemos que salen muy pocas veces a la luz.

-¿Cómo se le expone al ciudadano la utilidad que la asociación debe tener en la sociedad?

-Representamos a los jueces y establecemos mecanismos para auxiliar a compañeros y exponer las posturas de la carrera judicial al frente de la sociedad. Los ciudadanos solo perciben los grandes titulares de la Justicia y nuestra asociación está destinada a solucionar los problemas que los jueces se encuentran a diario.

-Tribunales atascados, sobrecarga de trabajo, número insuficiente de jueces. ¿Son estos los problemas principales a los que se enfrenta la Justicia en Galicia y en España?

-Las plazas judiciales que se pretendían crear en diferentes organismos están congeladas y las restricciones de funcionarios afectan a la agilidad de la Justicia. El atasco en los juzgados se debe a que hay asuntos que nos desbordan. Francia, con una población muy superior a la nuestra, registra una cuarta parte de los asuntos que tramita España. Muchas veces el problema no está tanto en ofrecer al ciudadano el derecho a la Justicia como en deslindar ciertas materias que sean de conflicto. Es decir, hay muchos asuntos que no presentan una controversia real o tienen mínima trascendencia y que en otros países no están judicializados, pero en España, por una interpretación de los artículos 9 y 24 de la Constitución respecto al control de los poderes públicos, se judicializa todo, desde multas de tráfico a pequeñas cosas.

-¿Conviene entonces revisar el servicio de justicia gratuita o la segunda instancia?

-El sistema jurídico no se sostiene así y el problema no recibe una solución práctica. Se abusa demasiado de acudir al servicio de la justicia gratuita. También se dan demasiados casos en los que el recurso de segunda instancia lo único que hace es repetir lo que dicta la primera en sentencias que no tendrían que ser revisadas y provoca un trabajo redundante o innecesario.

-Con estos problemas, ¿cómo sientan a la administración judicial los recortes del Gobierno?

-Como a cualquier otro organismo dependiente de los servicios públicos, aunque en realidad nos vemos más perjudicados. La Justicia no es un servicio especialmente caro, pero siempre ha sido un pariente pobre en materia presupuestaria. Los recortes nos van a afectar más porque en Justicia hay menos presupuesto invertido en comparación con otras administraciones.

-El ministro de Justicia ha anunciado líneas de actuación que aluden al aborto, la cadena perpetua, la ley del menor y los matrimonios civiles. ¿Cuáles van a generar más debate social?

-Son anteproyectos y es difícil pronunciarse al no ser aún concretos. Me parece acertada la cadena perpetua revisable. Nuestra legislación tiene como uno de sus fines más importantes la reinserción del reo. La reforma de la ley del menor es necesaria para que un solo hecho se enjuicie de forma conjunta, ya que podemos llegar al supuesto de delitos contradictorios. Respecto a que matrimonios y divorcios los tramiten los notarios lo dejaría en suspenso porque el Registro Civil está pendiente de una gran reforma total y conjunta; lo que dijo Gallardón es una cosa muy en el aire y muy inconcreta.

-Sentencias recientes como en la causa de los trajes del caso Gürtel o el juicio por el asesinato de Marta del Castillo han causado revuelo. ¿Cómo lo encaja el juez?

-Es amargo que en ocasiones la opinión pública no respalde al juez y se viertan críticas sobre cuestiones puramente de Derecho. Una de las grandes ventajas es que este trabajo está sometido a un gran control y eso es imprescindible para ejercer la tarea del juez.

-¿Los juicios a Garzón, con actos a favor o en contra del juez, dañan la imagen de la Justicia?

-Es un asunto complicado que enfrenta a un juez titular frente al órgano supremo de la Justicia Penal española, el Tribunal Supremo. El juez es objeto de una imputación y se defiende legítimamente ante una sala que tiene poder legítimo para juzgarlo. Si juzgamos al Supremo, mal andamos. Deslegitimar la actuación de cualquier órgano siempre afecta al sistema. No es algo que transmita confianza al ciudadano esa polarización de posturas, que hay un órgano encargado de juzgar y un juez acusado que se defiende.