Administradores de fincas urgen un registro de morosos para dar garantías al propietario

Un tope al alquiler, la redefinición de zonas tensionadas, honorarios inmobiliarios a cargo del casero y normas para grandes tenedores. Son las claves de la nueva Ley de Vivienda que entrará en vigor en las próximas semanas y que ha despertado los recelos de comunidades autónomas, entre ellas Galicia, del sector inmobiliario y también de los administradores de fincas. Con unos precios al alza y una oferta en mínimos históricos en la comunidad gallega, con apenas 2.000 viviendas en el circuito de comercialización para contratos de larga duración, y una creciente huida al arrendamiento vacacional por el temor a impagos, son cada vez más las voces que urgen medidas para dar garantías jurídicas a los propietarios a la hora de colgar el cartel de “Se alquila”. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) reclaman un incremento del parque inmobiliario para reducir el coste de los alquileres —en las ciudades de A Coruña y Vigo el 90% de los inmuebles superan los 500 euros de renta— y urgen la creación de un Registro de Morosos para dar confianza a los arrendadores.

Para el colectivo, medidas como poner topes a los precios del alquiler —este año se mantendrá en un 2% y a partir del próximo la limitación será del 3%— “contraerá más el mercado, ahuyentando a los propietarios y provocando un trasvase al alquiler vacacional”. Por ello, reclaman una Ley de Vivienda de larga duración, consensuada por los agentes implicados, la sociedad y los grupos políticos con el fin de movilizar el mercado de alquiler y darle continuidad y seguridad. “Para la regulación actual solo se ha tenido en cuenta el alquiler de las zonas denominadas calientes o de gran turismo y no el resto de las localidades, ciudades, que quedan sujetas a las mismas imposiciones, lo que hará disminuir la vivienda disponible para alquilar”, advierten desde Coafga en un comunicado emitido ayer.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia también apuestan por crear un Registro de Morosos para dar confianza a los arrendadores y disuadir del alquiler a aquellos inquilinos que no estén dispuestos a afrontar los pagos. En este sentido, el colectivo apunta que la existencia de una base de datos de malos pagadores tendría numerosas ventajas, entre las que destaca “proteger a los propietarios, que podrían consultar si un potencial inquilino tiene un historial deudor, para poder tomar una decisión informada sobre riesgo de impago en el momento de alquilar su inmueble”. “Esta medida —añaden— también fomentaría el pago puntual de los inquilinos, para evitar que quedase registrada su posible morosidad”.

Advierten de que “escasearán los alquileres mientras no se protejan los intereses de los propietarios de los inmuebles y se eliminen los topes de precio. “Lejos de dinamizar el mercado, harán que se contraiga más, dificultando el acceso a la vivienda”, alertan. “Medidas como la anterior, no poder desalojar a inquilinos que causan problemas en el edificio, que no pagan la renta o que han ocupado el inmueble, no harán sino reducir todavía más la oferta de arrendamientos”, sostienen fuentes colegiales. En este sentido, señalan que “el texto actual no soluciona el problema de las ocupaciones ilegales, es más, dificulta los desahucios”.