Casi 28.000 viviendas se alquilan en negro en Galicia pese al refuerzo del rastreo fiscal

Alquileres a estudiantes, trabajadores en las obras del AVE, profesores de otros municipios o comunidades, médicos desplazados... No había sector o gremio que durante años alquilase una vivienda sin que sus propietarios se escapasen del control de la Agencia Tributaria. Pero desde que el Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2012 el plan contra la economía sumergida, los rastreos para detectar incumplimientos en las obligaciones fiscales, ya sea con visitas presenciales como con cruce de datos, se ha puesto freno a los contribuyentes que ocultan parte de sus ingresos para evitar el pago de la correspondiente factura. Las cifras de quienes alquilan en negro se han logrado contener pero todavía hay más de 550.000 propietarios en el conjunto del país y cerca de 28.000 en el caso concreto de Galicia (sin incluir el fraude en los pisos turísticos) que no declaran sus arrendamientos, según datos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha a partir de las estadísticas del IRPF y las estimaciones de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). En solo cinco años, de 2016 a 2021 —último ejercicio del que hay datos— se ha reducido a la mitad la tasa de arrendamientos que se escapan del control del fisco en el parque residencial nacional —de representar un 40% de las viviendas alquiladas se ha pasado a un 21%— mientras que en el mercado gallego se ha contenido la bolsa de fraude en el alquiler de viviendas durante ese periodo en siete puntos —de un 25% ha caído al 18,2%—. Este balance convierte a la comunidad gallega en la segunda, solo por detrás de La Rioja (16,3%), con el índice más bajo contribuyentes que eluden declarar el arrendamiento.

A la cabeza de los alquileres de viviendas en B está Canarias (25,3%), seguida de Murcia (23,4%), Extremadura (23,1%), Castilla-La Mancha (23%), Baleares (22,5%), Castilla y León (21,8%) y Madrid (21,15%). Por debajo de la media nacional (21,1%) se colocan Cataluña (20,9%), Andalucía (19,5%), Cantabria (18,8%), Comunidad Valenciana (18,6%), Aragón (18,5%), Asturias (18,4%) y, finalmente, Galicia (18,2%) y La Rioja (16,3%), según datos de las comunidades de régimen común facilitados por Gestha.

En cifras absolutas, lideran la tabla de fraude fiscal en el arrendamiento de viviendas Madrid, con más de 123.000 y Cataluña, con casi 119.000, las únicas que superan la barrera de las cien mil. En el extremo opuesto están La Rioja (casi 2.900) , Cantabria (más de 6.200) y Extremadura (cerca de 9.000). Galicia se encuentra en la parte media de la tabla, en concreto en el séptimo puesto, con un peso en el conjunto de la bolsa de fraude en todo el país del 5%.

¿Cómo se detecta a un propietario que quiere escapar del control fiscal de Hacienda? Un simple recibo de la luz o un anuncio de alquiler en Internet sacan a la luz cada año miles de viviendas alquiladas en B. Un consumo disparato para un piso que se supone vacío o los inmuebles que sus dueños publicitan online hacen saltar las alarmas de la Agencia Tributaria, que nada más recibir los datos de las eléctricas o revisar esos portales web donde se anuncia una vivienda en arrendamiento pone en marcha una investigación sobre los casos sospechosos.

Desde Gestha destacan que 2021 —últimos datos disponibles— se ha proseguido en la senda descendente del arrendamiento sumergido, gracias “a la maduración de las medidas de control implementadas, desde el control del consumo eléctrico en los inmuebles, la generalización de las deducciones a favor del inquilino a la obligación de hacer constar la referencia catastral de la vivienda habitual que afecta también al inquilino”.

Además, particularmente en 2021, añaden desde el sindicato, está el efecto de la modificación del artículo 23.2 de la Ley del IRPF, en la nueva redacción de la ley de prevención del fraude fiscal a partir de julio de 2021, que impide aprovechar la reducción del 60% por la parte de los ingresos no declarados o gastos deducidos indebidamente una vez iniciada la comprobación tributaria. Esta modificación legal salió al paso de unas sentencias del Tribunal Supremo que habilitaban a aplicar esa reducción si el contribuyente aportaba todos los datos no declarados durante la comprobación tributaria. “Es de esperar —auguran desde Gestha— que en los próximos años, el cumplimiento mejore aún más, pues la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda ha incluido nuevas reducciones para los contratos de arrendamiento de vivienda que se celebren a partir de 1 de enero de 2024 que oscilan del 50% general, el 60% en alquileres de viviendas rehabilitadas, el 70% en caso de alquilar a personas entre 18 y 35 años en zonas tensionadas, y llegan al 90% en el caso de reducir la renta del alquiler un 5% cualquiera que sea la edad del inquilino”. En el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda suscritos antes del 31 de diciembre de 2023 se mantiene únicamente la reducción del 60%.

“Me arriesgué y me llegó la sanción”

“Me arriesgué y me pilló Hacienda y, lógicamente, me tocó afrontar la sanción”. Reconoce María (nombre ficticio), que desde que hace 15 años compró una segunda vivienda en el centro de Ourense para destinar al alquiler y lograr un complemento a su pensión y a la de su marido lo arrendó a estudiantes durante una década. De esos ingresos, nada comunicaron al fisco durante una década.

Fue hace cinco años cuando al matrimonio les llegaron varias notificaciones de la Agencia Tributaria advirtiendo de discrepancias en las declaraciones de la renta por ese arrendamiento. Entonces procedieron a hacer las complementarias correspondientes para poner al día los ejercicios no prescritos y hacer “borrón y cuenta nueva” con Hacienda. “La multa hubo que pagarla”, relata María. En su caso, al tener ingresos bajos la sanción no fue elevada. “No recuerdo la cantidad, pero, afortunadamente, fue poco”, detalla. Si Hacienda caza a algún contribuyente como María que no ha declarado los ingresos obtenidos con un alquiler, no solo le reclamará las cantidades defraudas, sino que además el infractor deberá pagar los intereses de demora y una sanción. La multa es del 50% sobre la cuantía que no se ha declarado, pero si hay acuerdo de conformidad se reduce al 26,25%.

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