El Gobierno perseguirá los avisos de controles en carretera: multas de 3.000 a 20.000 euros

Hace casi una década que desde Galicia se reclama poner coto a los avisos de controles en carretera. Tanto la Guardia Civil de Tráfico, como la propia Fiscalía de Seguridad Vial, el colectivo de víctimas Stop Accidentes, la plataforma Creando Seguridad o la Asociación ProGuardia Civil llevan años denunciando que las aplicaciones que alertan de estos dispositivos de vigilancia ponen en jaque la seguridad, ya que no sólo disuaden a los infractores al volante sino que permiten la huida por otras vías de todo tipo de delincuentes, desde aquellos que circulan en estado ebrio o bajo los efectos de las drogas, hasta quienes han cometido un robo, una agresión, un homicidio, un acto de terrorismo o transportan drogas.

El Gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria para promover una reforma que penalice estos avisos. El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que la Ley de Tráfico sancione “a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas de circulación”. Se propone que se tipifiquen estas alertas como “infracción muy grave”, una categoría cuya multa más alta oscila entre 3.000 y 20.000 euros.

El partido mayoritario del Ejecutivo de Sánchez ha movido ficha tras conocer las dos primeras sanciones firmes dictadas en España a raíz de las denuncias interpuestas por la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia contra una conocida empresa y un particular que tenía más de 15.000 usuarios para alertar de los operativos de control montados en las carreteras de la comunidad, según adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de mayo. Pero estas multas, que ya emulan policías locales y comandancias de la Guardia Civil de otras comunidades, fueron dictadas por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que la Ley de Tráfico no penaliza estas conductas.

Según el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, se considera infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. En los dos casos denunciados en Galicia, se concluyó que se podría poner en riesgo el éxito de una operación con esos avisos en redes, por lo que se procedió a la multa correspondiente. Se trata, tal y como reconoció en declaraciones a este periódico el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, de “casos flagrantes”, por lo que urgía un artículo que tipifique como infracción todo aviso de controles, no solo los procedentes de aplicaciones o particulares que avisan en redes a miles de usuarios. Las multas de la Ley de Seguridad Cidadana para estos casos graves van de los 600 a los 3.000 euros.

Pero a raíz de las informaciones publicadas por este periódico sobre las medidas impulsadas desde el Sector de Tráfico en Galicia y que ya han sido puestas en práctica en otras comunidades autónomas, el PSOE promovió una iniciativa en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para perseguir estos avisos de controles en carretera. Días antes, el director de la DGT, Pere Navarro, apuntaba en declaraciones a este periódico que estas alertas “van contra la línea de flotación de la seguridad vial”. “El aviso por redes de los controles policiales socava gravemente la seguridad vial ya que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías”, declaraba hace un mes Navarro. Por ello, advertía de que la DGT se proponía reforzar las sanciones por el uso de estas apps y grupos de WhatsApp que avisan de controles y que estudiaban cómo abordarlo desde el punto de vista de la seguridad vial.

En la iniciativa del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 28 de mayo y a la que tuvo acceso este periódico, se hace eco del impacto de estas apps en la conducción: “Desde hace algunos años, distintas aplicaciones móviles proporcionan información sobre radares de velocidad y lo que es más preocupante, la presencia en carretera de controles de cualquier tipo (velocidad, alcoholemia), incluidos otros controles policiales como los relacionado con el terrorismo y otros delitos”. A este tipo de apps —apuntan los socialistas en el Congreso— con herramientas como Waze, Social Drive, Camsam, Radardroid, Coyote o, incluso Google Maps, hay que añadir los grupos de WhatsApp y Telegram en los que los conductores proporcionan información que “dificulta la labor del control de los cumplimientos de las normas de circulación, especialmente a los agentes de tráfico, sin ser conscientes de los peligros que esto conlleva, ya que el aviso hace que pierdan su eficacia al permitir alterar la ruta para evitarlos”.

En el caso de Galicia, además de la sanción a una conocida empresas española que gestiona un gran aplicación que se dedica a alertar de la presencia policial en carretera, el Sector de Tráfico promovió una denuncia contra un particular de A Costa da Morte que gestionaba 25 grupos de WhatsApp con unos 15.000 usuarios, una información que difundía en abierto en Facebook, X e Instagram. En este caso, la investigación resultó más compleja porque había que determinar quién era el administrador de los grupos.

“Falta de eficacia”

Desde el PSOE recuerdan que estos avisos obligan a los agentes a “levantar o mover, cada vez de forma más habitual, los controles de alcohol y drogas por la falta de eficacia por su publicación”. De ahí, que se haya apostado desde hace años en Galicia por impulsar controles exprés, de manera que los que antes duraban una hora en un punto, ahora se hagan de 15 o 20 minutos en una localización. “No habíamos acabado de montar el dispositivo y ya estaba avisado en redes”, reconocía un agente de la Guardia Civil de Tráfico en declaraciones a este diario.

Por ello, el PSOE quiere promover una reforma que tipifique estas conductas como “infracción muy grave” en la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. Que la sanción sea para “quienes proporcionen información que dificulte o impida el control de los incumplimientos de las normas de circulación, poniendo con ello en peligro a otros usuarios de las vías”. Esta conducta, apuntan los socialistas, “deberá ser sancionada de manera especialmente severa a aquellos usuarios que emitan el aviso”. “No olvidemos —concluye— que esto posibilita que personas que sobrepasen el nivel de alcoholemia permitido, conduzcan bajo efectos de drogas, sin permiso, sin seguro, o incumpliendo otras normas que pueden poner en grave peligro la seguridad de otros usuarios de la vía, evadan dicho control y sigan perpetrando esas peligrosas prácticas”.

Las investigaciones puestas en marcha en Galicia dan cuenta de lo extendido que están estas alertas. “No hay concello en Galicia que non tenga un grupo de WhatsApp que avisa de controles”, advertía recientemente a este diario el jefe del Sector de Tráfico en Galicia.

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