La Ley de Bienestar Animal asfixia a los pequeños concellos: “Nos dan competencias, pero no financiación”

El 29 de septiembre del pasado año la comunidad gallega comenzaba a aplicar la Ley de Bienestar Animal, impulsada por el Ejecutivo central. La norma fue controvertida desde que dio sus primeros pasos y buena parte de los requerimientos aprobados supusieron nuevas responsabilidades para los ayuntamientos. Entre estas está la recogida de animales abandonados o extraviados, alojamiento de los mismos en centros de protección o la promoción de espacios públicos adecuados para animales de compañía. “Nos dieron competencias, pero no financiamiento. Tenemos que sacarlo de los fondos que tenemos del Concello”, exclama el alcalde de A Baña, José Antonio Pereira, diez meses después del inicio de la puesta en práctica de la ley.

La autorización de esta norma no estuvo ausente de polémica en numerosos sectores afectados por las medidas, que llegaron incluso a salir a las calles a protestar. En el caso de las administraciones locales su aplicación está suponiendo, tal como trasladan los regidores de municipios de pequeño y mediano tamaño, el desembolso de grandes cantidades de dinero. “Estamos gastando en torno a 100.000 y 120.000 euros al año y probablemente este gasto se vea aumentado”, señala Javier Antelo, responsable de la Concejalía de Gestión del Medio Natural, Atención al Rural, Transparencia y Patrimonio de Ames. En esta cuestión coincide Pereira: “Para nosotros son más de 40.000 euros anuales. Con esa cantidad podríamos mejorar el saneamiento de una parroquia”.

En el caso de A Baña, el regidor explica que para poder cumplir con toda la normativa tienen contratada “a una empresa que cuida de esos animales que recogemos”. En Ames, Antelo puntualiza que están en plena licitación de servicios. “El veterinario 24 horas lo hacemos a través de una clínica que ya ofrece esta función. Otro servicio, como el de la gestión de la recogida de perros y gatos lo hacía hasta ahora Protección Civil. Pero, claro, ellos priorizan las situaciones y necesitamos una respuesta más rápida”, sostiene el edil.

Tanto Pereira como Antelo claman porque Ejecutivo central y Xunta proporcionen ayudas económicas para hacer frente a sus responsabilidades. “Se trata de mirar a los concellos y ver lo que necesitamos”, subraya el regidor de A Baña. En este sentido, Antelo habla de “una carga económica adicional” para los consistorios, “que ya van bastante justos”.

El caso de las colonias felinas

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reconoce problemas en múltiples localidades de la comunidad y pone parte del foco en el cuidado de las colonias felinas, uno de los puntos recogidos en esta ley como responsabilidad de los consistorios. “Se les atribuye una serie de funciones, tales como la identificación mediante microchip o la esterilización quirúrgica, para cuya ejecución los municipios carecen de organización, medios técnicos y recursos económicos, en especial los de menor población y los rurales”.

El Ministerio de Derechos Sociales se encuentra sumergido en plena elaboración de la Directriz Técnica sobre Gestión de Poblaciones Felinas. Tras estudiar el borrador, la Fegamp asegura que “la falta de medios hará en la práctica imposible la puesta en ejecución de las medidas fijadas”. Por ello, reclaman a la Administración del Estado unos “unos medios económicos propios, estables y recurrentes” para que los municipios los destinen únicamente a este propósito.

“Su financiamiento no puede proceder de puntuales ayudas anuales por parte del Estado, en todo caso totalmente insuficientes —alrededor de 1.950.000 euros— para cubrir las necesidades del conjunto de entidades locales de toda España”, clarifican fuentes de la Fegamp.