La jueza concluye la investigación de las grabaciones en A Maruxaina y ordena que el caso siga contra un sospechoso

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro ha concluido la investigación sobre las grabaciones a mujeres orinando en la calle durante las fiestas de A Maruxaina, en San Cibrao (Cervo, Lugo), que fueron subidas a páginas web pornográficas. Además, ha ordenado que la causa se siga contra un sospechoso.

Los hechos, correspondientes al año 2019, podrían ser constitutivos de un delito de producción, distribución y tenencia de material pornográfico, según el auto --que todavía no es firme-- del que informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El caso prescribía en agosto de este mismo año.

En concreto, la jueza ha ordenado que se continúe con los trámites del procedimiento abreviado frente a un único sospechoso y ha trasladado las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas --entre ellas, la Asociación Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei)-- para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral con sus correspondientes escritos de acusación, pidan el archivo de la causa o, incluso, la práctica de diligencias complementarias.

El caso Maruxaina se remonta a las fiestas del año 2019, tras las cuales algunas de las víctimas encontraron vídeos suyos en una página web de pornografía de pago en los que se les podía reconocer orinando en la calle.

Las afectadas fueron presentando denuncias y en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro archivó el caso al considerar que las grabaciones "no constituían un delito por ser realizadas en un lugar público en el que podían ser vistas por cualquiera". La decisión creó un gran malestar en la calle y llevó a la convocatoria de movilizaciones sociales.

Tiempo después, la Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso ya que consideraba "comprometida" la intimidad de las víctimas. Se practicaron entonces las diligencias pedidas por Fiscalía y acusación y entre 2022 y 2023 se volvió a tomar declaración a muchas de las afectadas.

El pasado mes de marzo, la Policía Judicial acordaba investigar a entre cinco y seis personas identificadas por un informe pericial informático que encargó la asociación Bumei.