Galicia ejecutó al cierre del pasado ejercicio casi la mitad de los fondos del Plan de Recuperación

Los fondos Next Generation llegaron como respuesta a la pandemia de 2020 y supusieron una inyección económica importante para las comunidades autónomas. Se articularon a través de dos brazos: el fondo REACT EU, de acción a corto plazo, y el MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), centrado en la recuperación del tejido productivo, la inversión y el empleo. Éste último instrumento implicó un desembolso de 88.000 millones de euros entre 2021 y 2023. Una parte de estos fondos son gestionados por el Gobierno, que los reparte entre las comunidades, pero otra parte es transferido directamente a las autonomías. Y su ritmo de ejecución es desigual. Mientras la Administración central ya gastó el 66 por ciento, los gobiernos regionales avanzan más lentamente: la mayoría se sitúan en un 30 por ciento.

Galicia, en todo caso, es la sexta comunidad con un mayor grado de ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación pues ya adjudicó el 46,62 por ciento de las ayudas recibidas, según refleja el documento “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una perspectiva regional”, elaborado por Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago. El dato, que tiene como fuente el Gobierno, difiere de las cifras que periódicamente ofrece la Xunta: el pasado mes de mayo el Ejecutivo autonómico presumía de haber adjudicado ya el 90 por ciento. Estos fondos se pueden ejecutar hasta el año 2026.

Según la información del Gobierno, Galicia recibió 1.545 millones de euros hasta diciembre de 2023 con cargo al Mecanismo de Recuperación.

En su estudio Leiceaga y Lago advierten del desfase que existe entre el grado de ejecución de los fondos por parte del Gobierno y el mayor retraso que acumulan las comunidades. Aluden a que, con carácter general, la mayor exigencia que existe en la ejecución, certificación y control de estos fondos europeos incentiva a que las administraciones regionales prioricen otros recursos.

Para activar estas ayudas se necesita un aparato administrativo “bien dimensionado y con experiencia”. Y los autores del informe hallan, de hecho, cierta correlación entre el grado de ejecución de los fondos Feder y los del Plan de Recuperación, lo cual indica que la experiencia gestionando un volumen significativo de ayudas europeas de las autonomías ha podido facilitar la activación de estas partidas extraordinarias inyectadas tras el COVID.

La principal pega que Lago y Leiceaga ponen al Plan de Recuperación es la “ausencia significativa” de participación de las comunidades en su planificación, “lo que conlleva la falta de análisis previo de necesidades a nivel nacional y regional”. “Esta situación limita la capacidad de diseñar estrategias de política económica y social adecuadas a cada contexto regional, perpetuando una visión territorial homogénea que no refleja las particularidades de cada región”, apunta el documento.

El informe analiza también si existe un sesgo político en el reparto de fondos. Y, aunque en un primer análisis, podría intuirse que así es puesto que, por ejemplo, las regiones de gobierno progresista recibieron un 40 por ciento más de fondos, cuando se cruzan otras variables como la población o el PIB per capita el documento concluye que la coincidencia de color político con el Gobierno “no es un factor significativo”.