Los concellos protagonizan casi el 70% de las sanciones por vertidos ilegales o tóxicos

Corrientes de espuma blanca o aguas con turbieza y cierto olor a basura. Son algunas evidencias que dejan los vertidos de una depuradora municipal o procedentes de una industria, los purines desechados por una explotación ganadera, los restos de disolventes o aceites y los residuos sanitarios, entre otros, que a diario amenazan la calidad de las aguas de la comunidad. No hay día en que los ríos, las dársenas, o las playas de la comunidad no sean blanco de un vertido ilegal o contaminante. Unos superan los límites de carga medioambiental fijados por ley y otros se realizan sin la autorización pertinente por parte de la Administración. Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, se encarga analizar los componentes y el nivel de toxicidad del foco detectado con el objetivo de identificar al responsable —ya sea una empresa, un ayuntamiento o un particular— y, en consecuencia pague. Bajo la premisa de Quien contamina, paga, el organismo hidrológico impuso el año pasado 74 sanciones de los 105 expedientes resueltos, lo que supone que el 70,5% de los procesos iniciados culminan con una multa por vertido ilegal o tóxico.

¿Quién es el responsable? Las sanciones impuestas el año pasado por Aguas de Galicia sitúan a las administraciones, en concreto a los concellos, como principales protagonistas de estos residuos que ponen en riesgo la calidad de las aguas, ya sean de dominio hidráulico (ríos) o bien en zona marítimo-terrestre (rías y mar). De las 74 multas impuestas el año pasado por vertidos, 50 corresponden a ayuntamientos (el 67,5% del total), la mayoría por deficiencias en el funcionamiento de sus depuradoras, seguidos de las empresas con 19 (la cuarta parte) y, finalmente, particulares, con cinco (casi el 8%). El volumen total de expedientes resueltos con sanción en 2023 es el mismo que el ejercicio anterior, pero el peso de sus responsables varía. En el caso de los concellos, en 2022 fueron 41 las multas que tuvieron que afrontar por residuos en las aguas de la comunidad, lo que se traduce en un aumento el año pasado del 22% y 12,5 puntos por encima del peso que representaban el ejercicio anterior (55%). En el caso de las sanciones a empresas, en 2022 Augas de Galicia penalizó a un total de 30 frente a las 19 del año pasado. En este caso se produjo un descenso del 36,6%. Y, finalmente, los expedientes resueltos con sanción en 2022 a particulares fueron tres, casi la mitad que en 2023 (5).

Principalmente las infracciones detectadas son de tres tipos. Por un lado, las derivadas de un vertido no autorizado, que pueden acarrear multas de hasta 300.000 euros. Por incumplimiento de la autorización, los importes se sitúan en los 15.000 euros. Y en los casos de desatención, el requerimiento de Augas de Galicia suelen ser sanciones de 5.000 euros.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Xunta derivaron el año pasado en la resolución de 105 expedientes sancionadores, 80 que afectan a ríos y 25 a rías y mar. Una treintena de ellos fueron archivados o sobreseídos. Y un total de 74 derivaron en la sanción correspondiente, cuyo importe total superó los 180.600 euros. De ellos , 118.000 fueron requeridos a concellos —72.700 euros por 32 multas impuestas en dominio hidráulico y los 45.300 restantes por 18 expedientes que afectaban a las rías y zonas de costa—. Las empresas tuvieron que desembolsar casi 60.000 euros —54.440 euros por 18 sanciones por vertidos en ríos y una de 5.000 euros por polución en áreas de dominio marítimo-terrestre—. En el caso de los particulares, los cinco expedientes resueltos con la imposición de una multa suman 3.250 euros, lo que supone una media de 650 euros cada una.

El importe total de las sanciones de 2023 es ligeramente superior al del año anterior, que con el mismo número de multas interpuestas se quedó en casi 177.700 euros, lo que supone un descenso en la cuantía en 2023 respecto al ejercicio anterior del 1,7%. Ahora bien en el caso de los concellos, el desembolso se disparó casi un 48%.

Cinco años con multas más duras: hasta 2 millones de euros

Este 2024 se cumplen cinco años de la Ley do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, una normativa con la que la Xunta endureció las sanciones por infracciones medioambientales. En anterior ley, que databa de 2001, la cuantía máxima era de 300.000 euros, pero ahora pueden llegar hasta dos millones de euros. Las sanciones se fijan en función de la gravedad y de la reincidencia, con 300 euros para los casos más leves y de 200.000 euros y dos millones para la infracciones muy graves. Los requerimientos notificados por Augas de Galicia tras detectar un residuo en aguas de la comunidad no entienden del tamaño ni de las siglas del concello ni tampoco del nombre de la empresa. Vertidos de aguas fecales en la playa de Campelo, en Poio; otro al río Lagares, en Vigo, otro que tiñó de marrón el río Verdugo, en Pontevedra, un vertido no autorizado de aguas residuales procedente de la EDAR de Lalín. Son algunas de las infracciones detectadas y por las que se abrió expediente sancionador.

A la lista de concellos sancionados, se suman empresas que también tuvieron que rendir cuentas ante la Administración por vertidos contaminantes o no autorizados. A modo de ejemplo, en el arranque de este año, el organismo hidrológico de la Xunta impuso una multa de 180.000 euros a la mina de San Finx, en el concello coruñés de Lousame, por verter agua contaminada. Augas de Galicia, que concedió en 2023 a la empresa autorización para vaciar residuos en un arroyo, concluyó que se produjo un vertido de aguas residuales al rego Rabaceiras en dos puntos no autorizados y con superación de los límites impuestos para los parámetros de cobre, cadmio y zinc, una falta de ejecución en plazo de las instalaciones de tratamiento y evacuación para el vertido de las aguas residuales en la balsa de decantación final y un “incumplimiento” de dos cláusulas (la quinta y la novena) de la autorización dada por Augas de Galicia el 1 de febrero de 2023 para instalaciones industriales del interesado en las minas de San Finx.

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