La tasa turística se extiende en Portugal mientras la Xunta es reticente a su aplicación en Galicia

¿Es necesario que los municipios más turísticos graven las pernoctaciones de sus visitantes para afrontar el incremento del gasto público que supone su estancia o es suficiente el retorno económico que ofrecen a través del pago de su alojamiento y lo que gastan en diferentes comercios y servicios de restauración? A pesar de la multitud de asuntos que unen al pueblo gallego con Portugal, muy probablemente la respuesta a esta pregunta variará en gran medida dependiendo de si se formula al sur o al norte del río Miño.

En el municipio fronterizo de Caminha acaban de responder “sí”. Y es que su Cámara Municipal aprobó la pasada semana la implantación de una tasa turística para aquellos que pernocten en alguno de sus establecimientos hoteleros: deberán pagar un plus de 1,50 euros por noche entre el 31 de mayo y el 31 de octubre, y de un euro en temporada baja.

No sufran aquellos que planeaban una escapada durante la temporada estival para disfrutar durante unos días de enclaves como la playa de Moledo, en plena desembocadura del Miño, puesto que la tasa no entrará en vigor hasta que sea refrendada por la asamblea municipal, lo cual no se producirá hasta septiembre. Además, el presidente de la Cámara Municipal avanzó que a las reservas ya realizadas para el resto del año no se le aplicará el suplemento.

Donde sí se cobrará esta tasa ya a partir del próximo mes de agosto es en Viana do Castelo, con un gravamen de exactamente la misma cuantía que el que se proyecta en Caminha. “Teniendo en cuenta la necesidad y el deseo de continuar con el desarrollo turístico de forma sostenible, y debido a que los recursos de las entidades municipales están destinados a satisfacer las necesidades locales, dirigidas a sus ciudadanos, es importante contar con otras vías de financiamiento para asignarlas de forma equilibrada”, justificaban desde el Ejecutivo municipal el pasado mes de febrero, cuando fue aprobada la medida.

A diferencia del país vecino, en Galicia la decisión de adoptar una tasa turística municipal no depende en exclusiva del pleno de cada concello, sino que debe recibir el visto de la Administración autonómica, que la tiene que aprobar por ley. En este sentido, la Xunta se ha mostrado contraria en diferentes ocasiones a la adopción de una medida que ya ha demandado Santiago.

Precisamente la semana pasada, en un foro organizado por el Grupo Hotusa, el presidente del Ejecutivo gallego alertó sobre el peligro que, a su juicio, puede representar este tributo, ya que supondría lanzar “un mensaje de un problema de masificación”. En opinión del líder popular, la tasa turística “no es una solución”, llegando a deslizar, incluso, que la medida podía llegar a denotar cierta “turismofobia”. No obstante, a pesar de sus manifiestas reticencias, el jefe del Ejecutivo gallego mantiene su compromiso con el Gobierno local de la capital gallega de tramitar el gravamen en cuanto Raxoi envíe toda la documentación que le fue solicitada.

A la espera de que se resuelva la situación de Santiago se encuentran diferentes ayuntamientos de la comunidad que sí ven la tasa con buenos ojos, e, incluso, como un paso “necesario” para afrontar el incremento del gasto municipal que supone la llegada de turistas, fundamentalmente durante los meses del estío.

El regidor de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, ha defendido su aplicación en sucesivas ocasiones. “Somos un concello de 10.800 habitantes que pasa a tener 30.000 e incluso 40.000 durante un periodo específico del año. Claramente eso significa un mayor consumo de los espacios públicos, de contratación y de saneamiento, por ejemplo. Esto conlleva obviamente, unos costes mayores, que nosotros estipulamos entre los 600.000 y los 800.000 euros”, justifica.

En el seno de la Fegamp, como explica su vicepresidente, Héctor Corujo, se ha abordado en diferentes ocasiones esta cuestión, “conscientes de la problemática que supone para muchos concellos, sobre todo durante los meses del verano”. Corujo, alcalde del concello lucense de O Incio, advierte que sus declaraciones responden únicamente a una postura personal. “Respecto al turismo, debemos tener claro que en Galicia existen dos velocidades. Hay muchos alcaldes, sobre todo, en los concellos de costa que han mostrado su preocupación con respecto a las dificultades que manejan para financiar el desembolso extra que supone el turismo o la sobresaturación de sus infraestructuras. Sin embargo, tenemos también muchos alcaldes sobre todo del interior, entre los que me incluyo, a los que nos cuesta muchísimo atraer a los visitantes y para quienes establecer una tasa supondría una dificultad más”, explica.

Europa y España

Es por ello que el vicepresidente de la Fegamp apunta que, en caso de que finalmente la Administración autonómica acepte establecer la tasa, esta no puede ser general para todos los concellos.

En Galicia, las posiciones varían en gran medida dependiendo del color político del concello. Así mientras el regidor grovense, socialista, apoya la tasa su homólogo de Sanxenxo, Telmo Martín, “no lo valora a corto plazo”. Una realidad completamente diferente a lo que acontece en Europa, donde desde hace años este suplemento se cobra en todas las capitales y muchos municipios —independientemente del partido de gobierno—. Sin embargo, España está, en este sentido, a la cola. Solo Cataluña e Islas Baleares permiten a sus ayuntamientos establecer esta tasa.