El Parlamento retoma la comisión para fijar postura en la financiación autonómica

Ahora se pretende elaborar las conclusiones tras las comparecencias de los expertos en 2021

REDACCIÓN

El Parlamento gallego ha reactivado la comisión de estudio puesta en marcha en noviembre de 2021 para abordar la propuesta de la comunidad gallega en el nuevo modelo de financiación autonómica. Su labor se centrará en la elaboración de un dictamen tras las comparecencias de los expertos que tuvieron lugar la pasada legislatura y tras analizar la documentación presentada. Entre otros, en este órgano se citó a economistas como Santiago Lago, María Cadaval, Xoaquín Fernández Leiceaga y la exconselleira Elena Muñoz y el actual titular de Facenda, Miguel Corgos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria y secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, informó de que la Mesa de la Cámara aceptó la solicitud de su grupo para reactivar este órgano.

Según detalló, el siguiente paso será la convocatoria para la constitución de este órgano para que, posteriormente, puedan aprobarse las normas de funcionamiento y el plan de trabajo.

Paula Prado calificó de “paradójico” que el BNG pida “ambición” en esta comisión de estudio sobre la financiación al tiempo que “insiste en defender un cupo para Galicia en una negociación bilateral con el gobierno”. “No hay más ciego que el que no quiere ver”, dijo Paula Prado, que sostuvo que “la práctica totalidad de los expertos que comparecieron en esta comisión”, “a excepción de una única persona propuesta por los nacionalistas”, incidió “en lo perjudicial que sería para Galicia la extensión del un cupo foral o la cesión de más porcentaje de impuestos sobre la renta a las comunidades autónomas”.

Frente a ello, la parlamentaria popular enfatizó que la Xunta y el Partido Popular seguirán defendiendo una negociación multilateral justa y equitativa de la financiación autonómica, de forma que se atiendan a las necesidades específicas de la población para que se pueda atender la prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones para todos los españoles.