Una quinta parte de las expropiaciones se ejecuta sobre tierras sin dueño conocido

A lo largo de 17 años se han realizado miles expropiaciones en Galicia por parte de las administraciones. Solo las conflictivas, en las que se ha producido controversia o disputa por el precio, ocuparon 3.570 hectáreas, el equivalente a la extensión de la ciudad de A Coruña, y por ellas se pagaron 583,35 millones de euros, importe del que se puede recuperar para las arcas públicas una sustancial cantidad dado que una de cada cinco fincas expropiadas para obras o proyectos de interés público son de dueño desconocido y aunque se reserva el dinero para pagar por si aparecen los titulares, lo normal es que no den señales de vida y finalmente, superado un determinado periodo, los fondos vuelven libres de cargas a la administración expropiante, que ya les puede dar otro uso.

Cuando hay desacuerdo por el precio, el conflicto entre los dueños y la Xunta, concellos o diputaciones acaba en el Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) para que se determine la cantidad justa. Pero —al margen de la ocupación de terrenos impulsada por el Estado, cuyos litigios se resuelven por otra vía—, en el Xurado también acaban las parcelas cuyos dueños no se localizan, bien porque no se sabe su identidad o, conociéndola, es imposible averiguar donde viven.

Desde su entrada en servicio, el XEG ha tramitado 55.678 expedientes de expropiación, de los que el 18,62% corresponden a la situación antes descrita: en 5.156 casos se ha podido identificar al dueño, pero no su dirección postal, y en otros 5.211 el titular del predio resultó totalmente desconocido. En total, 10.367 parcelas.

Cuando pasa esto, el Xurado de Expropiación fija el precio justo y remite el expediente a la Fiscalía de cada provincia para que quede constancia de que no se ha encontrado al propietario, sin que ello suponga obstáculo alguno para la ocupación forzosa de terrenos, que sigue su camino ordinario.

Lo que pasa es que la administración promotora (Xunta, ayuntamientos o diputaciones provinciales) deposita el dinero en su caja general de depósitos a la espera de que, eventualmente, pueda reivindicarse el dueño de las tierras. Para ello hay un plazo máximo de 20 años. Transcurridos sin que nadie reclame el importe de esa expropiación, los fondos vuelven a las arcas públicas totalmente disponibles.

Lo normal es que estas situaciones, la de expropiar fincas sin dueño conocido, se den en ocupaciones en el ámbito rural sobre todo, como también es lo habitual que no aparezca ningún propietario interesándose por el pago. No todas las expropiaciones acaban el Xurado, pero las que terminaron supusieron en 17 años la ocupación de 3.570 hectáreas de suelo, de las que 2.245 corresponden a superficie rústica (forestal o agraria) y el resto, otras 1.325 hectáreas, a urbana.

En su gran mayoría, la ocupación forzosa de terrenos lo ha sido para la construcción de autovías, carreteras y otro tipo de vías, puesto que los expedientes vinculados a estas obras ascendieron a 33.236 y supusieron el 60% de todos los tramitados entre los años 2006 y 2023. El siguiente fin es la preparación de parques empresariales, objeto de 9.047 expedientes que supusieron el 16,25% de las expropiaciones. Muy cerca, con 8.598 ocupaciones, se quedan las destinadas a líneas eléctricas y a partir de ahí el resto ya son minoritarios: parques eólicos (1.249), aprovechamientos hidroeléctricos (444), gasoductos (425), instalaciones de saneamiento (422) o suelo residencial (412).

Por todas las expropiaciones conflictivas, Xunta, concellos y diputaciones pretendían pagar 425,5 millones de euros, pero el XEG dictaminó que el precio justo eran 583,3 millones, que fue la cantidad que finalmente se abonó.

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