El ministro presume del adiós a los peajes en Alicante mientras niega la gratuidad en Galicia

Fin al peaje: barreras levantadas. Este es probablemente uno de los anuncios que más ansían los gallegos para la autopista AP-9. Y lo cierto es que el mensaje ha llegado, pero no para Galicia. “La AP-7 a su altura por Alicante funciona ya con las barreras de los peajes levantadas”, presumió en sus redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente. Un mensaje que acompaña con un vídeo de vehículos pasando libremente por las cabinas de pago.

La autopista está concesionada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), de capital público. El trayecto completo de la circunvalación cuesta 2,7 euros (3,25 si se abona en efectivo). La autovía A-70 sufre, según llegó a asegurar el ministro, un “problema muy serio de saturación” que requeriría de una ampliación de carriles “a años vista”, por lo que se apostó por la liberalización del peaje desde hasta el 15 de octubre —prueba piloto— para descongestionar el tráfico del vial gratuito y trasvasar una media de 25.000 vehículos diarios. Precisamente, esta es una demanda del sector del transporte en Vigo: eliminar el pago a Porriño y Tui en beneficio de la circulación en la peligrosa A-55.

Pese a que la AP-9 carece de alternativas sin peaje casi en su totalidad, su eliminación es una opción largamente rechazada con el agravante de que ésta última carece de alternativa viable sin peajes. En el caso de la autopista gallega, la posición del Gobierno ha sido la de defender la continuidad de la concesión hasta 2048 —otorgada por el Ejecutivo de José María Aznar—, y así lo ha defendido ante la Comisión Europea, que ha emitido ya dos apercibimientos a España al considerar que la extensión de esa concesión fue contraria a derecho comunitario. En redes sociales, Puente respondió a los que le reclamaron ayer que el Gobierno haga “lo mismo en la AP-7 en Málaga o la AP-9 en Galicia”. “Ambas son privadas por obra y gracia del señor Aznar. Esta [la de Alicante], cuyos peajes liberamos, es pública”, indicó el ministro.

En los últimos días el Gobierno ha asegurado que justificará en Europa la prórroga de la AP-9 “en defensa de los intereses ciudadanos de España”. Así lo ha desvelado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien en una visita a Oviedo abordó la situación del expediente que afecta al vial gallego y la AP-66 entre Asturias y León. El número dos del ministerio justifica esta decisión “pensando sobre todo en clave de defensa de los intereses de los ciudadanos de España”, ya que “cualquier decisión que se tome en este sentido tiene repercusión en los bolsillos de todos” aunque reconozca que la decisión fue tomada por otro ejecutivo. Puente llegó a cifrar el coste de rescatar la AP-9 en 6.000 millones de euros.

La liberalización de la autopista de Alicante conllevaría un coste de unos 400 millones de euros, por encima de los 345 millones que el Estado adeuda a Autopistas del Atlántico (Audasa) en concepto de saldos de compensación. Se trata de una especie de hipoteca que empezó a engordar con las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago.