Los patinetes eléctricos deberán contar con seguro para accidentes

Los “vehículos personales ligeros”, como los patinetes eléctricos, deberán disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para indemnizar a las víctimas de los accidentes. Así lo aprobó ayer el Gobierno, con el objetivo de “compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos” medios de transporte. Serán entendidos como vehículos personales ligeros aquellos a motor que pueden alcanzar una velocidad máxima entre seis y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kilogramos o una velocidad máxima entre seis y 14 km/h si su peso es superior a 25 kg.

La obligación de contar con un seguro, eso sí, no será inmediata. Una vez el Congreso apruebe dentro de unos meses el proyecto de ley al que el Consejo de Ministros dio luz verde este martes, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación —dependiente del Ministerio de Economía— dispondrá de seis meses para emitir una propuesta de desarrollo reglamentario para concretar las características y el alcance de la obligación. Asimismo, el Gobierno deberá poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026.

Según un estudio de la Fundación Mapfre del pasado febrero, 12 personas fallecieron el año pasado por un siniestro ocurrido con un vehículo de movilidad personal, de los cuales uno era un peatón fallecido por atropello. También resultaron lesionadas 187 personas en los 297 siniestros contabilizados: 117 con carácter leve y 70 con carácter grave. La principal causa de los siniestros fue la colisión con otros vehículos (61%), seguida de las caídas (19%) y el atropello a peatones (14%). Por su parte, según datos publicados de la DGT, el número de lesionados graves ha pasado de 97 en 2020 a 172 en 2021 y 312 en 2022.

El proyecto de ley también mejora las indemnizaciones que recibirán las víctimas de accidentes de tráfico. Así, su importe pasará a actualizarse conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Se va a agilizar, asimismo, el procedimiento de valoración de las indemnizaciones, con medidas como permitir acudir a cualquier alternativa extrajudicial de resolución de conflictos (para tratar de evitar la vía judicial); facilitar informes médicos y atestados policiales de manera gratuita; y establecer plazos más reducidos de valoración médica y emisión de informes.

El proyecto también amplía la cobertura de los afectados, por ejemplo incluyendo a las personas dedicadas a las tareas del hogar de la unidad familiar que sufran un accidente. El Consorcio de Compensación de Seguros, asimismo, cubrirá los accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras. Todos estos cambios, según el ministerio, cuentan con el “consenso de todas las partes involucradas”, como las asociaciones de víctimas, las aseguradoras y expertos en seguros y responsabilidad civil.