Luz verde a la ley que fija al menos un 40% de mujeres en la cúpula de grandes empresas y la Administración

El Congreso aprobó ayer la ley de paridad, la tercera norma que se impulsa en esta legislatura, con el apoyo del PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios. 177 votos en total. Tras dos meses de roces en el bloque de la investidura y dos días después de que los socialistas pactaran con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los partidos del Gobierno se han reencontrado con sus aliados para dar el visto bueno a una ley que obligará a que haya paridad en los órganos de dirección de instituciones públicas, organizaciones y grandes empresas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que ayer era “un día histórico” en el que se “remueve una injusticia” porque “no cabe mérito ni capacidad sin igualdad”. En esta línea, subrayó que se remueven techos de cristal y se demuestra que hay “otra forma de hacer política”. La norma salió adelante con el apoyo crítico de sus socios. La diputada de ERC Pilar Vallugueras dijo que la ley avanza “muy poco” y se trata de una “oportunidad perdida”. La parlamentaria de Sumar Esther Gil de Reboleño puso el acento en que esta ley no afectará a la mayoría de las mujeres que su problema es no llegar a fin de mes.

No obstante, y como era de esperar, las mayores críticas han venido de PP y Vox, que votaron en contra. El diputado popular Jaime de los Santos denunció que la ley “instrumentaliza a las mujeres” y que el PSOE ha “destrozado” la norma al permitir una modificación para que las mujeres puedan superar el 60% de los puestos en un órgano de dirección. Además, dijo que la ley es “la constatación de la radicalidad en la que Pedro Sánchez ha embarcado al PSOE”, en referencia a una enmienda que coló el Gobierno para retirar al Senado la capacidad de veto del techo de gasto.

La ley será ahora enviada al Senado, donde el PP podrá realizar las modificaciones que desee ya que cuenta con la mayoría absoluta. No obstante, después el Congreso podrá levantar todas esas reformas y aprobar la norma de manera definitiva en los términos acordados ayer. A continuación, las claves de este texto.

Proporción 60-40%.

El objetivo principal de la ley de paridad es obligar a que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de las grandes empresas, de las instituciones públicas y de sindicatos y patronales. Así, el texto establece de manera genérica que deberá haber “como mínimo un 40% de cada uno de los sexos”, lo que de facto implica que ninguna pueda superar el 60%. Sin embargo, la norma establece una excepción para no aplicar este criterio “cuando exista una representación de mujeres superior al 60%”, aunque siempre deberá justificarse esta decisión. Es decir, las mujeres sí que podrán superar este límite máximo.

¿A quién afecta y desde cuándo?

El proyecto de ley establece estas cuotas para el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Administración General del Estado, las entidades del sector público institucional estatal y las sociedades cotizadas. También para el Consejo de Informativos de RTVE, sindicatos, patronal, y fundaciones, organizaciones del tercer sector y organizaciones de economía social que cumplan una serie de requisitos.

Las primeras en aplicarlo deberán ser las 35 empresas del IBEX, antes del 30 de junio de 2025. Después, se irá desplegando en el resto de organismos hasta el año 2028.

Listas electorales.

Entre las enmiendas presentadas a la ley, una buscaba obligar a que los partidos políticos también tuvieran que estar sujetos a esta obligación de paridad. Sin embargo, las propias formaciones políticas acabaron rechazando la propuesta. A lo que sí que estarán obligados es a conformar listas electorales paritarias que sigan el sistema cremallera, alternando siempre entre mujeres y hombres. Las únicas excepciones serán en los municipios más pequeños donde resulta difícil encontrar candidatos.

Investigadores.

El BNG, que votó a favor de la ley, negoció una modificación para introducir mecanismos correctores en las distintas convocatorias públicas de I+D+i para computar “como tiempo de inactividad investigadora, como mínimo, el tiempo disfrutado de permiso de maternidad, paternidad, guardia con fines de adopción o acogimiento, riesgo durante lo embarazo y/o lactancia e incapacidad temporal asociada al embarazo o por razones de violencia de género o cualquier tipo de acoso”.

Protección para las deportistas.

También se modifica la ley del Deporte para que las Federaciones deportivas y las ligas profesionales tengan que tener protocolos de prevención de acoso sexual y establecer como infracción muy grave el abuso o acuso sexual. Además, incluyen varias medidas para mejorar los derechos de conciliación de las deportistas de élite, como la ampliación de un año de los contratos cuando estén embarazadas o en procesos de adopción.