El Gobierno legislará para que sea más fácil que los vecinos veten los pisos turísticos

La esperada medida para frenar el avance de los pisos de uso turístico (VUT) anunciada por el Ministerio de Vivienda llegará de la mano de una reforma legislativa. Y por partida doble. El Gobierno avanzó ayer dos novedades en materia de alquiler que suponen sendos cambios normativos: para regular el alquiler temporal y también el turístico, que estarían listos en el horizonte del fin de 2025. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció por un lado, una “reforma quirúrgica” de la ley de propiedad horizontal para dar poder de veto a los vecinos a la hora de instalar una vivienda vacacional. Hoy en día tienen esa posibilidad, pero se necesita los votos a favor de tres quinta partes de los residentes, algo que no es sencillo en muchas ocasiones. Por el momento, la ministra solo ha anunciado que, con el futuro cambio normativo, “los vecinos tendrán que dar su autorización para que se puedan implantar este tipo de actividades económicas”. Y dado que las competencias en turismo son autonómicas, y por la vía regulatoria y del urbanismo también entran en juego los ayuntamientos —en su mayoría del PP en Galicia—, el Gobierno tiene las manos más atadas. Por eso, ya están sondeando apoyos parlamentarios para sacar adelante el cambio de la norma. La idea es que en la misma quede claro que las casas vacacionales son una actividad económica, según ha determinado en su jurisprudencia el Tribunal Supremo y luego apuntó el ministro de Consumo.

El Gobierno propone crear un registro estatal para “poner coto” a los pisos turísticos

“Queremos empoderar a los vecinos, que sea determinante la opinión de los propietarios para implantar una actividad económica en sus fincas. Garantizar el derecho de autorización o de veto a este tipo de actividades económicas”, ha matizado Rodríguez, que ha anunciado que mantendrá encuentros con las plataformas en línea, afectados y agentes sociales para redactar el cambio normativo.

Además, está prevista la creación de una plataforma única en la que constarán todos los inmuebles alquilados en modalidad turística, que se alquilan en plataformas como Airbnb o Booking. Esta se espera que esté lista antes de final del próximo año, aunque la directiva europea que obliga a crearla permite hacerlo hasta diciembre de 2026, y que esta incluya, no solo turísticos, sino también pisos en alquiler temporal.

La otra novedad es la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto-ley que obligará a justificar cuál es la causa en la firma de un contrato de media estancia y que está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros antes de final de verano. Trata así de evitar la picaresca: alquilar primero una vivienda de septiembre a mayo y luego, explotarla en temporada turística. El texto incluirá la definición de causalidad —y acreditarla: por ejemplo, una estancia de uno o dos meses por un festival cultural, de nueve por un curso escolar, o de más de un año por un trabajo de investigación— además de qué condiciones o requerimientos se exigen a este tipo de inmuebles, como el menaje o el mobiliario que deben incluir.

Aviturga valora denunciar por “restricción” de la propiedad y hoteleros critican que se exija la causa del arrendamiento

Tras conocer las medidas anunciadas por el Gobierno para las viviendas de uso turístico, la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, asegura que las entidades del sector estudiarán medidas legales si la reforma legislativa llega a prosperar: “Valoramos denunciar cualquier limitación o restricción al derecho de la propiedad. ¿Qué vecino puede decirme a mí a lo que dedico mi vivienda?”, argumenta”, tras criticar “limitaciones o prohibiciones” al derecho de la propiedad. También auguran un polvorín en las comunidades de vecinos, entre partidarios y detractores de las VUT. A los hoteleros, las medidas les parecen “insatisfactorias”. La alianza turística Exceltur, que agrupa a agentes de diversos segmentos del sector, se apresuró ayer en pedir un mayor control sobre las plataformas que ofrecen pisos de alquiler turístico ilegales. En la necesidad de regulación coincide el presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, (Feprotur), César Ballesteros, que critica que edificios sin ascensor o con escaleras estrechas soporten el tránsito de turistas con maletas —sobre todo en zonas históricas— sin planes de evacuación, salidas de incendios y requerimientos que sí se exigen a los hoteles. En su opinión, las comunidades deberían poder aumentar las cuotas de gastos de zonas comunes a esos propietarios de VUT. Pero le parece “restrictivo” que haya “que especificar la causa del arrendamiento en un alquiler temporal”. Y plantea, ¿a quién sancionarán si al final el motivo no es ese? ¿Al titular del apartamento o al usuario?”.